Por: El Diablo Cojuelo
SEQUÍA: De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al cierre del mes de noviembre del presente año, la sequía se extendió a 29 municipios del Estado de San Luis Potosí, además según los datos del Monitor de Sequía, al corte del 30 de noviembre la entidad potosina registró que el 50 por ciento de los municipios (aún no se contabiliza a Villa de Pozos), registró los dos niveles más bajos de sequía, siendo anormalmente seco y sequía moderada.
DILEMA: Los diputados locales se encuentran en un dilema bastante grande pues, por un lado, saben que no pueden dejar desamparados a los organismos responsables de operar el servicio de agua potable, pero tampoco quieren cargar con la culpa de incrementar las tarifas por el impacto que esto tendría para las familias potosinas. Según adelantan, se tomarán en cuenta las peticiones de los comerciantes para que no haya incrementos onerosos en los servicios que les puedan afectar, pero también atenderán a los ciudadanos, y a los empresarios y a los organismos. Con alguno tendrán que quedar mal porque no se puede evitar un alza generalizada del precio del agua en San Luis Potosí.
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TAPADERA: El Gobierno del Estado ha reiterado que no será tapadera de nadie sobre los resultados que arrojen las investigaciones sobre el caso del Antro Rich, en donde fallecieron dos personas el pasado 7 de junio y ocho más resultaran lesionadas en la capital potosina, al desplomarse una terraza por el sobre cupo en este establecimiento. A decir del titular de la Secretaría General de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, se están realizando las indagatorias correspondientes en el proceso que se interpuso para el deslinde de responsabilidades en esta tragedia. Las autoridades estatales tienen que demostrar que no hay corrupción y que este tipo de situaciones no se pueden repetir. El mensaje y las necesidades son claras.
RECLAMO: Maestros jubilados de la Sección 26 del SNTE, protestaron en la Delegación Sindical para exigir que se unan a la solicitud para el pago de adeudos pendientes con el sector, pues aseguran que el Gobierno del Estado les adeuda 127 millones de pesos a más de cinco mil personas. La situación es bastante complicada, porque este reclamo lleva años y no se ha dado respuesta. Por el contrario, hay una omisión garrafal y sí, es cierto que hay un desfalco considerable en el área responsable de atender la demanda, pero esa no debe ser excusa para evitar dar respuesta.
JUSTICIA: Después de lamentar el feminicidio de Luz Clarita en el municipio de San Martín Chalchicuautla, el vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Tomas Cruz Perales pidió a la Fiscalía General del Estado que realice las investigaciones correspondientes y sancione al responsable de este delito. En el estado, además, se deben implementar las acciones necesarias para garantizar que no se seguirán cometiendo este tipo de delitos pues no se puede pasar por alto que, en los últimos meses, es un ilícito que va en aumento. Debe haber justicia para las víctimas y mano dura contra los feminicidas.
APERTURA: Después de negar que no se haya permitido el acceso a algunos integrantes del Consejo Político Estatal a la reunión de este martes, la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina señaló que, si se da la oportunidad podría participar en el proceso de renovación del Revolucionario Institucional. Lo cierto es que, hasta el momento, hay muchos temas que no quedan del todo claros en torno al proceso que se habrá de implementar para renovar la dirigencia estatal del tricolor, pero la manera en que se ha conducido el partido en los últimos años muestra una actitud muy diferente a la que presume Sara Rocha, dice que hay apertura, pero los hechos demuestran otra cosa.
AUMENTO: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de San Luis Potosí (STPS), reafirma su compromiso de vigilar el cumplimiento de la reciente disposición emitida por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), para aumentar el salario mínimo a un 12 por ciento para el 2025. El reto es bastante grande, porque claramente no es una cuestión de aumentar salarios, sino de garantizar que el crecimiento y que las condiciones sociales, así como económicas, permitan que los empleadores atiendan a cabalidad la instrucción que se está dando desde la Federación.
