El ministro González Alcántara insta a un análisis cuidadoso, destacando las posibles consecuencias nacionales e internacionales de no acatar la sentencia
Este martes 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un proyecto impulsado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que busca invalidar ciertas disposiciones de la reforma al Poder Judicial. Este proyecto sostiene que la SCJN tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de las normas generales incluidas en dicha reforma, argumentando que la Corte está plenamente autorizada para conocer y resolver acciones en las que se impugne la constitucionalidad de un decreto.
Entre los puntos más controvertidos del proyecto se encuentra la eliminación de la elección por voto popular de jueces y magistrados de Distrito, mientras que se conservaría la elección de los ministros de la SCJN y los magistrados electorales. “Sentimos que esa remoción masiva de jueces y magistrados afecta toda una política federal. Consideramos que no debe recortarse el salario de jueces y magistrados”, indicó el ministro González Alcántara Carrancá en una entrevista con Joaquín López-Dóriga.
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Además, el proyecto busca la eliminación de la figura de los jueces sin rostro, una medida que ha generado debate en diversos sectores sobre su impacto en la independencia judicial y el derecho al debido proceso.
El ministro enfatizó que su propuesta es detallada y bien fundamentada, lo que exige que se analice y discuta con la calma necesaria para tomar una decisión informada. “Es un proyecto largo, fundado y ofrece una alternativa distinta”, precisó González Alcántara.
El ministro advirtió que, si la resolución es adversa para el Ejecutivo y el Legislativo y estos no acatan la sentencia, México podría enfrentar un “rompimiento del orden constitucional”, lo que generaría importantes consecuencias tanto a nivel interno como internacional. “El Estado de Derecho estaría cuestionado por un sector importante de la población, pero también tendría otro tipo de repercusiones al interior del país y al exterior”, subrayó.
El debate y la decisión de la SCJN sobre este proyecto serán cruciales para definir la viabilidad de la reforma judicial y su alineación con los principios constitucionales del país.
