La organización pide pasar de las promesas a acciones concretas para proteger a la prensa, en un contexto de creciente violencia hacia periodistas en el país.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha instado a las autoridades mexicanas a traducir sus promesas en acciones efectivas para asegurar la protección de los periodistas en el país, tras el reciente asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís en Michoacán. Cruz Solís fue abatido a balazos en Uruapan después de realizar una entrevista sobre un incendio en el mercado local, lo que resalta la vulnerabilidad de los comunicadores en el ejercicio de su labor.
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En vísperas del Día Mundial para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra el 2 de noviembre, RSF ha intensificado sus diálogos con el gobierno mexicano. La ONG recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a intensificar la lucha contra la impunidad en los crímenes contra periodistas durante su campaña electoral, un compromiso que sigue pendiente.
Esta semana, RSF se reunió con varios fiscales, incluyendo a los titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para discutir estrategias que permitan avanzar en las investigaciones de crímenes contra periodistas. Se destacó la importancia de una colaboración más estrecha con las fiscalías estatales para abordar los casos de periodistas desaparecidos y asesinados.
El asesinato de Cruz Solís marca el quinto caso de periodistas asesinados en México en lo que va del año, un recordatorio alarmante de la crisis de violencia que enfrenta la prensa. Artículo 19 reporta que desde diciembre de 2018, han sido asesinados 47 comunicadores en el país, igualando la cifra registrada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este aumento en la violencia contra los periodistas resalta la urgencia de implementar políticas efectivas de protección y justicia.
Artur Romeu, director de RSF en América Latina, enfatizó que la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de las políticas de protección deben ir de la mano para afrontar la crisis de violencia que amenaza la libertad de prensa en México.
