Una misión de la ONU sostiene que el Gobierno de Nicolás Maduro perpetró graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral.
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha afirmado que existen motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Estas elecciones estuvieron marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas que surgieron tras los comicios.
En un informe de 158 páginas, que abarca el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, la misión denuncia que fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales han estado involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género. Las fuerzas de seguridad en Venezuela, según el documento, han participado masivamente en violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas.
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El informe señala como responsables a varios cuerpos de seguridad, entre ellos los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Además, se indica que las declaraciones de las autoridades estatales, especialmente después del 28 de julio, incitaron a la represión y fomentaron un clima de hostilidad y violencia.
Otras instituciones mencionadas en el informe son el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, y la Asamblea Nacional, que ha sido instrumental en aprobar leyes que restringen los derechos humanos y el espacio cívico. El sistema de justicia también ha operado con una evidente falta de independencia, según el informe.
Aunque informes anteriores ya habían denunciado graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas se amplió significativamente durante el periodo electoral, abarcando no solo a líderes de la oposición, sino también a “ciudadanos comunes” que simplemente mostraron su desacuerdo con el Gobierno.
La misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, resalta que en los diez meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestas conspiraciones, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco. Durante la campaña electoral, se reportaron otras 121 detenciones relacionadas con actividades de oposición. Estas campañas, según el informe, sirvieron como justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades iniciaron una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas, comparable a las protestas de 2014, 2017 y 2019, lo que resultó en miles de detenciones.
