La declaración formal de la Casa Blanca para anunciar una estrategia activa contra el fentanilo que entra a Estados Unidos desde México, se consume sin restricciones y causa estragos mortales y el memorándum que prioriza la lucha de “la cadena de suministro” de esa droga significan un severo aviso para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su aún no definida estrategia de seguridad.
En ambos documentos, la Casa Blanca no establece ninguna nueva estrategia para combatir el efecto mortal del fentanilo en los consumidores que tienen acceso a la droga sin restricciones penales, pero los estrategas estadounidenses tienen muy claro la repercusión en el exterior del uso del concepto de “seguridad nacional” en temas que obligan a enfoques de dominación geopolítica.
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Sin reconocer que el tráfico de fentanilo de México Y China hacia EU está determinado por las decenas de millones de adictos estadounidenses en diferentes grados de uso de esa droga, la Casa Blanca deja muy clara su prioridad a la “interrupción estratégica de la cadena de suministro” de esa droga; es decir, manda el aviso de que se combatirá a los que proporcionan los precursores de la droga, la fabrican en miles de laboratorios clandestinos mexicanos, la meten de contrabando a Estados Unidos rompiendo el escudo de seguridad nacional antiterrorista que define las estrategias de sobrevivencia del imperio, la reciben y distribuyen dentro de territorio americano, y esos operadores de la droga son las células autónomas y ya muy poderosas del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco, la controlan en su venta al menudeo en las calles estos dos mismos cárteles y al final lavan el dinero a la vista de todos dentro del sistema financiero estadounidense.
Lo que debe llamar la atención de la declaración de la Casa Blanca el miércoles fue la circulación de un Memorándum especial de seguridad nacional sobre “las prioridades de inteligencia del presidente” y el diseño de una ofensiva de todo el aparato público de Estados Unidos, los departamentos de gobierno, la Comunidad de Inteligencia, el involucramiento interno de la oficina de seguridad nacional del Gobierno, la DEA, aduanas y muchas otras.
La clave de este memorándum radica en la autorización de la Casa Blanca para usar todo el aparato legal y de intervención extranjera para romper la cadena de suministros de la droga que comienza con los precursores en el extranjero –México y China– y termina vendiéndose en las calles como producto final.
En este contexto, no debe dejarse del lado el hecho de que esta nueva ofensiva de seguridad nacional de la Casa Blanca contra el fentanilo y sobre todo contra los cárteles que participan en su producción y distribución ocurrió en medio de dos sucesos políticos y cada uno con valoraciones mayores o menores, pero que al final le otorgan un valor de largo plazo a la decisión del relanzamiento de la lucha contra el fentanilo que el presidente Biden anunció en 2020 y 2021:
De un lado, la campaña electoral como candidata presidencial demócrata de la vicepresidenta Kamala Harris, quien llegó al cargo de segundo nivel de la Casa Blanca de la mano del proyecto que echó a andar en marzo de 2014 como fiscal general de California titulado “California y la lucha contra el crimen organizado transnacional”, que en realidad no fue más que un diagnóstico general sobre el problema de la droga que llegaba a California desde México, la presencia ya consolidada de cárteles mexicanos como estructuras dominantes dentro de Estados Unidos y sobre todo la alianza no sólo vigente sino agrandada de la complicidad de las pandillas dentro de EU para el tráfico de drogas proveniente de México. Harris convertirá esta estrategia antidrogas de Biden como eje de su campaña presidencial en el tema del narco que afecta a México.
De otro lado, la operación de seguridad para recibir en territorio estadounidense Ismael El Mayo Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa que se había quedado administrando esa banda criminal después del arresto y deportación de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y el incremento del papel de esa organización criminal en el control del tráfico de fentanilo y otras drogas químicas hacia Estados Unidos.
Al subrayar la característica de darle prioridad a “la cadena de suministro” en la producción de fentanilo, la candidata republicana Harris definió su prioridad sobre el tema del narco en un asunto que coloca a México en el centro del debate y de la ofensiva de seguridad porque la parte esencial de esa “cadena de suministro” está en territorio mexicano.
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Política para dummies: la política está subordinada a la seguridad.
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