Si desde el 15 de febrero la Fiscalía estadunidense había abierto un expediente completo de persecución contra Ismael el Mayo Zambada, las áreas de inteligencia y seguridad mexicana civiles y militares mexicanas debieron de entrar en modo de emergencia. Una lectura a posteriori señala que ese expediente estaba anunciando un operativo de Estados Unidos en México.
Todos los líderes de los cárteles mexicanos que tienen que ver con operaciones en Estados Unidos son –o debieran ser– motivo de seguimiento específico en materia de seguridad nacional. Lo cumplan o no, los capos deportados han prometido entrega de información a autoridades estadounidenses sobre la estructura del narcotráfico y sus complicidades con el poder institucional dentro del territorio mexicano.
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Por lo tanto y por las argumentaciones mediáticas que insisten en vincular sin elementos probatorios al presidente de México y a varios de sus funcionarios en articulaciones sospechosas con bandas del narcotráfico, las áreas de inteligencia y seguridad mexicanas debieran de haber tenido un seguimiento sobre la lista de dirigentes del narco que aparecen en recompensas en EU y sobre todo deberían de haber tenido un pulso sobre los ambientes de tensión en las áreas de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos vinculadas al narco para tratar de prever movimientos.
Hasta hace poco, primero el CISEN y luego el Centro Nacional de Inteligencia de México tuvieron a algunos agentes-analistas registrados en la embajada en Washington y en algunos consulados, pero no de la dimensión de los grupos operativos de la DEA, el FBI, el Pentágono y los Marines que están asentados en México no sólo recopilando información sino realizando con mucho cuidado acciones operativas.
Lo que sigue en la confusión es el aprovechamiento que pudiera estar teniendo Estados Unidos de la información de los grandes capos: estructuras criminales, padrinazgos políticos y pago de sobornos a funcionarios. Hasta ahora no se tienen datos de que Joaquín El Chapo Guzmán Loera u Ovidio Guzmán López hayan cantado información sobre sus relaciones de poder con las estructuras políticas y de seguridad mexicanas, salvo la información que se proporcionó para el arresto y enjuiciamiento del secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna.
Los resortes de análisis de riesgo de la inteligencia y seguridad nacional mexicana debieron de haberse movido después de la amenaza del candidato republicano de Donald Trump de realizar acciones operativas si gana las elecciones para intervenir en México y destruir o llevarse a capos del narcotráfico.
De alto o bajo nivel, todos los capos del narco mexicano poseen información sobre relaciones, sobornos o contactos con autoridades de seguridad con los cárteles mexicanos que están operando con células integrales dentro del territorio estadounidense. Puede darse el caso de que todas las sospechas mediáticas de que el narco tiene comprados a los últimos gobiernos sea sólo información fake y no provenga de pruebas concretas de compra de protección política, pero el sospechosismo puede más que las certezas.
El más interesado por tener un mapeo minucioso sobre movimientos de los líderes del narco en Sinaloa debe de haber sido el presidente López Obrador, pues su saludo a la mamá del Chapo Guzmán, sus visitas a Badiraguato y las versiones de que recibió dinero en las elecciones de 2006 han quedado más en rumores y especulaciones que presentación de pruebas. La entrega del Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses —haiga sido como haiga sido su traslado a Texas– comenzó a generar en redes información suficiente que ya colocaban a presidente de México en una celda adjunta a la del Chapo, bajo el supuesto caso de que el Mayo tendría información y pruebas de soborno a campañas políticas presidenciales.
Como suele ocurrir, la dinámica de las redes se enciende y se apaga demasiado rápido, pero deja sensaciones que luego se convierten en parte de la información que se guarda en los archivos de las redes informativas.
La localización y seguimiento de los principales capos del narcotráfico en México es un asunto de seguridad nacional por las suspicacias respecto a supuestas complicidades con altos funcionarios de los gobiernos mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari hasta López Obrador.
La facilidad –en la argumentación que se consolida– con la que un hijo del Chapo secuestró al Mayo Zambada, lo subió a un avión en Hermosillo y lo entregó a las autoridades estadounidenses en un aeropuerto de Texas habla de la fragilidad de las estructuras de inteligencia y seguridad nacional mexicanas.
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Política para dummies: la política es, de suyo, seguridad nacional.
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