Como lo precisó en 1991 el entonces embajador de Estados Unidos en México y uno de los más insidiosos estrategas de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Dimitri Negroponte, el Tratado de Comercio Libre buscó de manera prioritaria la subordinación de la política exterior mexicana a los intereses estadounidenses y el plus lo representó la apertura comercial que de todos modos Estados Unidos ya estaba aplicando y que en México también había adelantado con la libre importación.
En este contexto, la revisión del Tratado en 2018 ya con el presidente López Obrador con las riendas adelantadas del poder no supo –o no quiso– entender la lógica de los intereses americanos. En 2019, el presidente Trump mostró casi hasta con vulgaridad el abuso de poder de la Casa Blanca: utilizó el mecanismo de amenaza arancelaria a productos mexicanos para obligar a Palacio Nacional a tomar una decisión política interna de seguridad: el uso de la Guardia Nacional para contener migrantes, pero a petición directa de Washington. Inclusive, el propio Trump no diferenció el cuerpo encargado de esa tarea y se quedó con la idea de que los militares mexicanos habían cumplido con labores de border patrol, cuando en realidad se había tratado de la Guardia.
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La negociación del Tratado para el 2026 será otra oportunidad para que el gobierno mexicano no baile al son que toca Washington sino que llegue con propuestas de reorganización de los acuerdos y sobre todo que tenga la capacidad de corto plazo de cuando menos fijar la posibilidad de una reconversión industrial que le exija a Estados Unidos no sólo la compra de productos mexicanos, sino el apoyo en tecnología para modernizar la producción. Este proyecto exige una propuesta realmente revolucionaria en materia de educación científica y tecnológica que ni por equivocación apareció en las propuestas de campaña de la candidata Sheinbaum Pardo.
De manera casi obligatoria y como parte de una estrategia de seguridad nacional, el equipo mexicano negociador del Tratado debería estar conformado por el secretario de Economía como encargado operativo, por el secretario de Relaciones Exteriores al frente de la definición geopolítica de relaciones bilaterales y el secretario de la Defensa Nacional en tanto que EU sin duda que tratará de vincular seguridad militar fronteriza con el comercio bilateral.
Aunque carece de fuerza política suficiente frente al modelo económico de Estado de Seguridad Nacional de EU, México estaría obligado a incorporar una nueva cláusula que no tendría que ver con el contenido general del acuerdo, sino que sería producto de la amenaza arancelaria del presidente Trump que dobló al canciller mexicano Ebrard y al presidente López Obrador: prohibir el uso del instrumento arancelario que busca equilibrio de precios y equidad comercial como un mecanismo del dominación geopolítica ajeno a la relación del intercambio comercial.
En este sentido, el incidente entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum por la confusión en burlas a Ebrard y críticas –ahí sí– soeces al presidente Biden sólo evidenció que la futura mandataria mexicana carecía de una estrategia definida respecto a las relaciones con Estados Unidos, a pesar de que el problema número uno de México se llama justamente Estados Unidos. Una respuesta a botepronto a un insulto que no era para México evidenció la falta de una política exterior, y más aún cuando el canciller mexicano designado no dio la cara ante el incidente.
Los problemas inmediatos en migración, narcotráfico, cárteles trasnacionales, geopolítica de bloques y pérdida del control de seguridad nacional de la línea fronteriza obligarán desde ahora a que el próximo gobierno mexicano tenga clara su estrategia de negociación desde el punto de vista de los intereses nacionales mexicanos, sobre todo porque la Casa Blanca –con Trump o Kamala Harris– constituye un bloque de poder político bilateral basado en los enfoques de seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de que en comercio y la agenda de problemas cotidianos existen intereses de seguridad nacional de México que no han sido defendidos como prioridad.
En este contexto de relaciones bilaterales, la prioridad mexicana exige desde ahora una definición clara de los intereses de seguridad nacional mexicanos que deberían ser innegociables con EU, por más manipulación geopolítica y de seguridad que quiera usar la Casa Blanca vía el Tratado que es comercial y no de subordinación de la seguridad nacional de México a los intereses de Washington.
Política para dummies: La política es, a veces, saber decir que no…, y sostener la afirmación.
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