El debate sobre la reforma judicial sólo estará afectando la designación de ministros de la corte, magistrados y jueces, pero no modificará el tema realmente prioritario de la impartición de justicia: las leyes injustas y la Constitución que fueron definidas, corregidas y reescritas en función de circunstancias políticas neoliberales que han ido cambiando.
La reforma judicial del presidente Ernesto Zedillo –por cierto, aprobada en 25 días y sin ningún debate permitido– fortaleció a la Corte como Tribunal Constitucional, pero ya para ese entonces la Constitución había perdido su perfil original de 1917 y se había convertido en un documento Frankenstein porque cada presidente de la República la había modificado a capricho sexenal por partes, sin replantear el todo.
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En 1969, desde las páginas del periódico Excelsior, dirigido por Julio Scherer García, el historiador Daniel Cosío Villegas abrió un gran debate sobre la Constitución, a partir de una revisión que descubrió contradicciones, errores gramático-lingüísticos e insuficiencias jurídicas, pero sobre todo demostró que era una Constitución parchada por intereses políticos de presidentes, sin que desde entonces la comunidad jurídica levantara la voz para plantear la necesidad de dar por concluida la Constitución de 1917 y convocar a un nuevo constituyente.
El periódico El Independiente publicó el miércoles 19 de junio un dato revelador: 506 reformas constitucionales, de un total de 771 (67% del total), se habían realizado a la Carta Magna de 1982 a 2018 para cambiar el perfil de Constitución social y de derechos por una Constitución neoliberal de mercado, dando por terminado el ciclo del Estado como rector y promotor del desarrollo en beneficio de los mexicanos no propietarios de medios de producción y potenciando como eje constitucional la economía de mercado, dominada por los propietarios de empresas y subordinada a los intereses de las economías empresariales de Estados Unidos y Canadá.
La Corte, los ministros, magistrados y jueces han constituido la estructura de impartición de Justicia a partir de los enfoques de la Constitución, dando por resultado que su trabajo solamente beneficie a la minoría que domina el mercado productivo. Los organismos autónomos del Estado contribuyeron a una estructura de dominación de los intereses de la economía privada, acotando acciones del Estado en nombre de las relaciones sociales de producción para postrarse ante los intereses de las grandes empresas productivas.
Lo que va a discutir la reforma judicial del presidente López Obrador-presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo no es la redefinición de una doctrina jurídica de protección social de los no propietarios y de las minorías sociales, sino los mecanismos para acceder a los cargos de ministros, magistrados y jueces, pero aún aquellos que accedan a esas posiciones por la vía electoral tendrán que someterse a los criterios jurídicos neoliberales de la actual Constitución que definieron los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari para terminar con el modelo de Carta Magna con prioridad a los intereses sociales.
La iniciativa presidencial para liquidar a los organismos autónomos del Estado que operaban como mecanismos de acotamiento de tareas y funciones sociales del Estado para privilegiar la economía privada basada en la utilidad de los propietarios de los medios de producción quiere contribuir a avanzar de manera lateral en la eliminación de obstáculos que no están permitiendo que el Estado tenga una función social y no una tarea prioritaria de contribuir a la acumulación privada de capital.
Aún con ministros, magistrados y jueces electos por votación popular, la estructura jurídica seguirá dependiendo de una Constitución y leyes jurídicas a tono del mercado, lo que debe llevar al siguiente paso de dar por terminada la Constitución Frankenstein con 771 reformas parciales que le han hecho perder el sentido original de 1917 y plantear la necesidad de un nuevo constituyente para lo que debiera ser la cuarta Constitución como transformación real de las estructuras de funcionamiento del sistema político/régimen de gobierno/Estado/Constitución. No hay indicios previos, pero pudiera considerarse que la elección popular de los funcionarios del aparato de Justicia sería el primer paso para una reorganización del Estado mexicano que fue tergiversado por los cuatro ciclos de régimen: revolucionario, político, populista y neoliberal.
De la Madrid y Salinas de Gortari cambiaron la Constitución de 1917 y la convirtieron en una Carta Magna neoliberal y con ello contribuyeron a la estructura de economía de mercado que prohijó a la élite de los ricos, frente a un 80% de mexicanos que viven con 1 a 5 restricciones sociales.
Política para dummies: la política es el brazo constitucional del neoliberalismo.
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