Uno de los errores en la configuración de la estrategia de seguridad pública se localiza en la centralización de decisiones y autoridades a nivel presidencial y la comodidad de los diferentes niveles de poder para desatender su entorno local. El mando federal, inclusive, se ha encontrado con la resistencia burocrática de los niveles regionales.
La estrategia de seguridad no ha sido eficaz en la conjunción de fuerzas policiacas. Gobernadores y alcaldes han descuidado su responsabilidad en la seguridad de sus espacios territoriales con el argumento de que el mando federal no les da un lugar privilegiado en los programas.
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Los niveles locales de autoridad en seguridad han descuidado a sus propios cuerpos policiacos con el pretexto de que no hay recursos, en tanto que la autoridad federal ha visto con desdén burocrático la falta de capacitación de las fuerzas locales de seguridad.
El resultado está a la vista: en materia de seguridad no hay vacíos de poder y funciona el modelo de economía suma cero: lo que pierden unos, los ganan los otros; y el espacio desocupado por un grupo es ocupado de manera inmediata y casi en automático por otro.
La estrategia de seguridad federal se focalizó en la construcción de la Guardia Nacional como sustituta de la Policía Federal y reclutando y reorganizando la participación de algunas secciones militares.
Y aunque la estrategia incluyó responsabilidades muy directas de las autoridades estatales y municipales, gobernadores y alcaldes se hicieron a un lado ante el formato dominante de la Guardia. Y en el mismo contexto, las fuerzas locales de seguridad han preferido la pasividad operativa, en medio del regateo de recursos en armas y provisiones para las policías regionales.
De todos modos, la responsabilidad estatal y regional existe a pesar de la falta de mecanismos de coordinación y supervisión de las fuerzas federales.
Una de las fallas más graves a nivel local ha sido la inexistencia de oficinas de investigación de inteligencia para hacer un seguimiento respecto a la composición y redistribución del poder criminal en zonas municipales, a pesar de la forma ostentosa en la que bandas y cárteles operan en espacios territoriales limitados.
Por la inmensidad del territorio nacional, la Guardia Nacional en sus diferentes estructuras nunca podrá tener el control ni el panorama de la criminalidad, lo que hace necesaria a nivel local y estatal la creación de mapas de seguridad basados en inteligencia y no en operación en las calles.
Este asunto se complica más por la desarticulación de algunas áreas en los cárteles tradicionales y la multiplicación de bandas delictivas ajenas al narco, tales como la extorsión, el cobro de derecho de piso, el secuestro, la piratería, los asaltantes al menudeo y la venta de drogas en las calles en manos de pequeños grupos que pudieran derivar en el modelo peligroso de pandillas.
Gobernadores y alcaldes carecen de oficinas de investigación de inteligencia y no se preocupan por construir mapas delictivos minuciosos que ayuden a la autoridad federal en la construcción de mecanismos de control de la delincuencia. Lo grave del asunto se encuentra en el hecho de que jefes de bandas delictivas se mueven con ostentación criminal en las calles de las ciudades, sin que existan programas de seguridad para encapsularlos y desactivarlos.
Derivados de la imposibilidad de control local por parte de las autoridades federales, el vacío de seguridad ha multiplicado las bandas delictivas y las leyes y reglamentos policiacos locales carecen de mecanismos de observación, de persecución y de castigos, multiplicando el efecto negativo de la impunidad.
Y se llega al grado en que los ciudadanos prefieren pagar sus cuotas de extorsión o compra de protección a esperar que las autoridades federales y locales tomen la decisión de investigar y combatir las estructuras delictivas que han encontrado protección y padrinazgo en los grandes cárteles.
Es imposible prever un control de casos circunstanciales como el ocurrido con los dos sacerdotes jesuitas, en tanto que el incidente fue producto de una explosión momentánea, del vacío de la presencia de seguridad local y federal y de la ausencia de información de inteligencia que pudiera detectar la existencia, funcionamiento y liderazgo de bandas delictivas que tienen capacidad operativa en espacios muy estrechos del territorio.
Sin embargo, los mecanismos de investigación de inteligencia si tienen la capacidad de prever movimientos delictivos e identificar posibles acciones criminales en eventos públicos. Esta obligación de observación debe ser de interés estatal y municipal, en tanto que estallamientos de violencia local afectan más al entorno social y de gobierno regional que al abrumado agobió federal.
En el caso de los sacerdotes asesinados, el gobierno federal tiene la experiencia para lidiar con las presiones corporativas, pero el ambiente de deterioro del tejido social queda a nivel regional donde las autoridades locales nada han hecho para construir estrategias preventivas de seguridad.
Si la autoridad federal ha sido rebasada por las abrumadas exigencias de la política federal, toca a las autoridades estatales y municipales construir mecanismos de seguridad cuando menos en materia de inteligencia delictiva.
Zona Zero
· En lugar de garantizar la tranquilidad en sus espacios de dominación delictiva, los cárteles aparecen como responsables de la organización criminal a nivel de pequeñas bandas de delitos de fuero común y las autoridades policiacas municipales han entrado en situación de grave colapso operativo por el abandono en que se encuentra. En este contexto, la vulnerabilidad de la seguridad a nivel de núcleos sociales no urbanos se presenta como un desafío que obliga a una reorganización de la estrategia de seguridad.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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