Las autoridades de inmigración de Estados Unidos limitarán los arrestos en escuelas, hospitales y otras zonas “protegidas”, según nuevos lineamientos emitidos el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional, como parte de una labor más extensa para revertir el enfoque adoptado por el gobierno del expresidente Donald Trump.
Los agentes y funcionarios recibieron instrucciones para evitar “en la medida de lo posible” realizar detenciones o llevar a cabo redadas en ciertos sitios delicados, de acuerdo con un memorándum del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que explicaba la política.
Es la más reciente de una serie de políticas de inmigración del gobierno del presidente Joe Biden dirigidas a tomar un enfoque más selectivo en la aplicación de la ley. La política es parecida a una implementada durante la presidencia de Barack Obama que restringía las detenciones en iglesias y escuelas.
La nueva política no sólo incluye las escuelas, sino también las guarderías y los centros médicos, parques infantiles y centros de recreación. Las detenciones también estarían limitadas durante manifestaciones y mítines.
Probablemente frustrará aún más a sus detractores, quienes afirman que una laxa aplicación de la ley alienta a los migrantes a tratar de ingresar al país de manera ilegal.
El gobierno de Trump desató críticas por tratar de arrestar y expulsar a cualquier persona que estuviera en el país de forma ilegal, sin importar sus antecedentes penales o vínculos con la comunidad, aunque el Departamento de Seguridad Nacional también operaba bajo una política de lugares sensibles.
que limitaba las acciones de los agentes migratorios en iglesias y otros lugares.
Las políticas emitidas hace unos meses para la aplicación de las leyes de inmigración instruían a los agentes a enfocarse en personas que ingresaron recientemente al país de forma ilegal, que suponen una amenaza para la seguridad nacional o que han cometido delitos graves. El DHS también impuso límites a las detenciones en tribunales cuando la gente se presentaba por otros asuntos y dio por terminadas las redadas en los sitios de trabajo.
Mayorkas ha afirmado que su agencia no tiene los recursos para procesar a los 11 millones de personas que se estima están en el país de manera ilegal, y señaló que debería enfocarse en aquellos que suponen un mayor riesgo para la sociedad.
Durante el anuncio de las nuevas directrices, el secretario dijo que los agentes y oficiales deberían considerar “intereses sociales más amplios” y el impacto de sus actividades en las comunidades.
