El presidente de Brasil es acusado de diversos delitos graves como charlatanería médica e incitación al delito, tipificados en el Código penal de Brasil.
La comisión del Senado que investigó la gestión del Gobierno brasileño frente a la pandemia aprobó este martes su informe final, que acusa al presidente, Jair Bolsonaro, de “crímenes contra la humanidad” y otros ocho gravísimos delitos.
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El informe, producto de seis meses de investigación, fue aprobado por siete votos frente a cuatro y ahora será remitido a la Justicia ordinaria, la Fiscalía, la Corte Suprema y hasta a la Corte Penal Internacional de La Haya, que deberán evaluar si aceptan las denuncias e instauran los correspondientes procesos.
El documento presenta graves acusaciones contra 78 personas y dos empresas y está encabezado por Bolsonaro, líder de una negacionista ultraderecha que minimizó la gravedad del coronavirus y es acusado de nueve delitos, todos tipificados en el Código Penal brasileño.
Se trata de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, epidemia con resultado de muerte, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación y atentados contra la dignidad del cargo. La lista de acusados por la errática gestión del Gobierno ante una pandemia que ya ha matado a más de 606 mil brasileños también incluye a cuatro ministros y a tres hijos del presidente Bolsonaro: el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal de Río de Janeiro Carlos.
Asimismo, figuran el exministro de Salud y general Eduardo Pazuello y el excanciller Ernesto Araújo, así como una decena de parlamentarios de ultraderecha, funcionarios, asesores del Gobierno y médicos de un grupo informal de consejeros del mandatario.
También se pidió que Bolsonaro sea suspendido de todas las redes sociales por una masiva difusión de información falsa sobre la pandemia y que sea obligado por la justicia a retractarse de todas las declaraciones en que despreció su gravedad o puso en duda las vacunas.
El grupo comenzó su investigación el pasado 27 de abril, cuando Brasil sumaba unos 391 mil muertos por COVID-19, y concluyó su trabajo con la aprobación del informe en momentos en que los decesos pasan de 606 mil, cifra que lo mantiene como el tercer país más afectado en el mundo, junto con Estados Unidos y la India.
