La Secretaría de Gobernación capacitó a mil 94 elementos de la Secretaría de Marina a fin de fortalecer sus conocimientos.
La Secretaría de Gobernación (Segob), capacitó a mil 94 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a fin de fortalecer sus conocimientos en el actuar como primera autoridad con funciones de seguridad pública para realizar una detención ante un hecho probablemente constitutivo de un delito.
Durante la clausura del curso, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, destacó que el actuar del primer respondiente es la clave para el Sistema de Justicia Penal.
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Explicó que ésta es la primera autoridad con funciones de Seguridad Pública en el lugar de la intervención, a quien le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios para realizar con estricto apego a derechos humanos las detenciones en caso de flagrancia.
Asimismo, destacó que con esta capacitación se busca fortalecer el Sistema de Justicia Penal en el país, que es una prioridad para la Secretaría de Gobernación y para la agenda pública de este gobierno.
En la capacitación ‘El ABC de las detenciones’, estuvo presente la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, Paulina Téllez Martínez, quien mencionó que el propósito de este curso es fortalecer los conocimientos de los elementos, de tal manera que se respeten los procesos legales de los primeros respondientes ante un posible delito.
Con ello, las y los participantes podrán apegarse a los principios constitucionales que aseguran los derechos de las probables personas imputadas, así como un debido proceso.
Por su parte, el subjefe administrativo del Estado Mayor General de la Armada de la Semar, Benito Galeana Abarca, indicó que la profesionalización constante es una prioridad, en temas torales como la protección de los derechos humanos.
En ese sentido manifestó que “el conocimiento es una de las herramientas más poderosas que hay en la humanidad”.
En este curso las ponencias fueron impartidas por especialistas del Sistema de Justicia Penal, como jueces federales y locales; secretarios de Gobierno; procuradores generales de Justicia; personas servidoras públicas adscritas a instituciones de seguridad pública; la academia, barras y colegios de abogados, así como organizaciones de la sociedad civil.
