Armando Martínez Gómez, representante legal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, para el proceso de denuncia penal de la Iglesia Católica contra el ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, dejó en claro que serán él y el portavoz arquidiocesano Juan Jesús Priego Rivera los contactos indicados para los medios de comunicación, en cuestiones jurídicas.
Martínez Gómez reiteró lo señalado el pasado miércoles 4 de junio en la rueda de prensa, advirtiendo que el jerarca católico, Jesús Carlos Cabrero Romero, se dedicará exclusivamente a las labores de su ministerio: a las labores pastorales.
El presidente del Colegio de Abogados Católicos y el vocero arquidiocesano, Priego Rivera, no obstante demandar a nombre del arzobispo una actitud imparcial y el apego a la verdad de los medios de comunicación, señalaron que el arzobispo no será “fuente de información” directa en cuanto al proceso judicial en marcha contra el ex apoderado legal de la arquidiócesis, Eduardo Córdova Bautista.
Armando Martínez Gómez indicó que el asunto Córdova se dirimirá exclusivamente en los tribunales judiciales y, en consecuencia, no se ventilará ante la opinión pública, a través de los medios de comunicación.
Se insistió en que la denuncia interpuesta contra Eduardo Córdova Bautista por la arquidiócesis de San Luis Potosí ya fue ratificada y la víctima y sus familiares lo confirmaron así ante el Ministerio Público.
Las declaraciones en contrario a las afirmaciones de la arquidiócesis de San Luis Potosí, por parte del procurador Miguel Ángel García Covarrubias, sólo merecieron al abogado católico un llamado al funcionario encargado de la procuración de justicia para que cumpla con su responsabilidad, solicite del juez de la causa la correspondiente orden de aprehensión e inicie la búsqueda del acusado de abuso sexual contra un menor de edad entre 2011 y 2012.
Aunque en principio, e incluso de viva voz del arzobispo Cabrero Romero, la arquidiócesis declaró su disposición de colaborar con la justicia civil para el esclarecimiento del caso Córdova Bautista, entregando la documentación que se les solicitara a ese respecto por parte de las autoridades públicas, la estrategia se modificó en atención al artículo 1445 del Código Canónico que rige las relaciones de la Iglesia y demanda la secrecía de los procesos instaurados por el Tribunal Eclesiástico, así como la información entregada en actos de confesión.
Martínez Gómez reiteró el ofrecimiento del arzobispo Cabrero, en el sentido de que se buscará reparar el daño generado por el ex sacerdote, juzgado en 2004 y exonerado en 2008, a través de la atención psicológica que requieran las víctimas y sus familiares.
Recordó que desde un principio, la arquidiócesis ha solicitado la coadyuvancia en el caso que por burocracia o negligencia no se ha puesto cabalmente en marcha, a pesar de que sea presentado y ratificado la denuncia de la arquidiócesis y existe otra, de la que la Procuraduría no le ha puesto formalmente en conocimiento.
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