La iniciativa para combatir la violencia escolar y a los alumnos que discriminan, amenazan, roban e incluso venden drogas y portan armas en las escuelas truncó su generalización a nivel nacional en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) desde hace dos años y medio, según lo establece un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La propuesta de crear un “instrumento jurídico” para sancionar la violencia escolar quedó paralizada en una comisión de secretarios de Educación de los estados, desde diciembre de 2011.
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El Marco para la Convivencia Escolar es una iniciativa de la Administración Federal de Servicios Educativos de la SEP para 4 mil 200 planteles en el Distrito Federal y que tiene como propósito “tipificar” un listado de sanciones ante faltas disciplinarias cometidas en las escuelas.
Al anunciar la distribución de un millón 800 mil ejemplares entre escuelas públicas y privadas, el entonces secretario de Educación Pública,Alonso Lujambio Irazábal, comentó que la única reglamentación existente sobre las normas de convivencia en las escuelas databa de 1982, por lo que a la luz de los acontecimientos resultaban “obsoletas e inútiles”.
Desde la sede de la SEP, el ex funcionario [fallecido en 2012] exhortó a los secretarios de Educación de los estados a adoptar el manual.
La sesión que se realizó el 14 de diciembre de 2011 para establecer el Marco para la Convivencia Escolar en todo el país no tuvo el quórum requerido debido a que no todos los secretarios estatales acudieron al encuentro. De tal manera que se quedó sólo en una “toma de nota” entre los secretarios asistentes.
El documento de Acuerdos en materia de Educación Básica de la 27 Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas estableció, en el número R.27º.10, que los secretarios “toman nota de la presentación realizada sobre los lineamientos generales por los que se establece un marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica del Distrito Federal”.
El pleno determinó darle continuidad al proceso y en el Acuerdo R.27º.11 aprobó “la constitución de un grupo de trabajo, coordinado por la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF, que tendrá por objeto proponer un modelo de instrumento jurídico para que las autoridades educativas estatales establezcan un marco para la convivencia en las escuelas de educación básica de sus entidades federativas”.
En la siguiente reunión de la Conaedu, realizada en 2012, con la presencia de los funcionarios estatales, se “ratificaron los acuerdos” sin precisar qué ocurrió con el grupo de trabajo.
Para entonces, el ex secretario Lujambio Irazábal había dejado el cargo aquejado por el cáncer; y se sucedieron en los dos últimos años y medio tres funcionarios en la titularidad de la SEP. Además de que en los estados también ocurrieron modificaciones en las secretarías locales.
Al respecto, la Secretaría de Educación Pública informó que se haría la consulta sobre esos acuerdos de la Conaedu.
El manual de 50 cuartillas no sólo incluye medidas disciplinarias para los alumnos, sino que describe 10 derechos identificados para los alumnos, tales como acudir a la escuela, estar en un ambiente “sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo.
De igual manera hace referencia a 11 deberes de los estudiantes: asistir a clases, estudiar, esforzarse, llegar a la escuela con los libros, materiales escolares y útiles que les permitan desarrollar sus actividades.
