En la iniciativa presentada por senadores del PRI, PAN, PRD y PT ante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se contemplan sanciones de hasta 5 mil salarios mínimos a padres y maestros.
Senadores del PRI, PAN, PRD y PT presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para crear la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar que sanciona con una amonestación pública y hasta cinco mil días de salario a los padres, tutores o maestros que permitan, toleren, inciten actos de violencia en el entorno escolar.
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Así como también se castigará con 5 mil días de salario mínimo, clausura de la institución, suspensión del puesto o inhabilitación por cinco años a las autoridades o educadores que no tomen las previsiones necesarias para prevenir o atender incidentes de violencia.
De acuerdo con la iniciativa – que fue turnada a las comisiones de Educación, Estudios Legislativos y Derechos Humanos-, se prevé que en el caso de agresiones en el entorno escolar se canalizará para su atención psicológica, tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar.
Ello para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas. Además se prevé que los padres de familia tomen talleres para la sensibilización y concientización de los daños que ocasiona la violencia ejercida en contra de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar.
La iniciativa señala que en caso de la realización de actos de violencia que sean constitutivos de un delito, se deberá poner el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes.
En el caso de incidentes de violencia en el entorno escolar que pongan en riesgo grave los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Comité para la Convivencia Escolar o las autoridades deberán tomar las previsiones para salvaguardar sus derechos fundamentales.
Ello, sin perjuicio de comunicar inmediatamente a las madres, padres de familia o tutores, el incidente y solicitar de forma inmediata la actuación de las instancias que correspondan.
Las autoridades que intervengan estarán obligadas a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial los de intimidad, privacidad, presunción de inocencia, normal desarrollo, buena imagen, entre otros y reserva de sus derechos personales.
