El próximo martes diputados integrantes de la Junta de Concertación Política del Congreso de Querétaro se reunirán para atender la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el sentido de reponer la elección del ombudsman estatal, así como para detallar el proceso técnico mediante el cual se llevará a cabo.
De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados local, Braulio Guerra, la 57 Legislatura del estado de Querétaro acatará la resolución que comunicó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para la reposición del procedimiento para la elección del presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ).
El legislador explicó que con ello se restablecen los derechos del aspirante César Pérez Guzmán.
“El TSJ a nivel local, la magistrada Celia Maya y después el pleno del Tribunal mandó esta semana una orden a la Legislatura para reponer el procedimiento de incluir a valoración a César Pérez Guzmán y a Miguel Nava, ambos con un contexto que permita precisamente cumplir con lo que el Tribunal está diciendo. Nosotros como Legislatura estamos recibiendo una sentencia del Tribunal que tenemos que cumplir”.
Dijo que este tema no está a discusión del Poder Legislativo ya que, de no cumplir la sentencia del Tribunal, caerían en un desacato judicial y por ende en un delito.
Braulio Guerra enfatizó que el error fue por la Legislatura pasada, al restringir la participación de César Pérez Guzmán por razones de edad. Sin embargo, la ley no permitía aspirar al cargo a personas mayores de 60 años.
El pasado jueves, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Querétaro notificó a la 57 Legislatura del estado su determinación de acelerar el proceso de reposición de la elección del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. La elección se dio el 10 de febrero de 2012 para un periodo de cinco años que culmina el 11 de febrero de 2017.
La determinación del TSJ derivó del recurso que César Pérez Guzmán interpuso por considerar que fue discriminado en la elección del presidente de la entonces denominada Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), realizada en el año 2012.
El inconforme argumentó que en la convocatoria se especificaba que para poder aspirar al cargo debía de tenerse una edad máxima de 60 años y él contaba con 67 en el momento de presentar su documentación.
Resolución divide a legisladores
En diciembre del año pasado, la Sala Constitucional del Poder Judicial del estado ordenó a la Legislatura local reponer el procedimiento de elección del ombudsman, para permitir la participación del quejoso. La Legislatura 56, que eligió al actual defensor por unanimidad, se inconformó al respecto, en tanto que la 57 se dijo dispuesta a acatar la decisión.
Sin embargo, Nava Alvarado considera que el proceso mediante el cual se dio la resolución estuvo lleno de irregularidades, entre otras el que en principio se aceptara fuera de tiempo la interposición de un juicio de garantías, y que al final los magistrados concluyeran concediendo una acción de inconstitucionalidad, sin que ésta fuera solicitada.
Además, que un Tribunal Colegiado federal con base en los mismos antecedentes resolviera dejar en firme la sentencia del Tribunal local, sin contemplar que la ley de amparo establece que dicha opción es inválida cuando se trata de elecciones, suspensiones y remociones de servidores públicos designados por el Congreso de la Unión e igualmente Congresos estatales.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Manuel Septién Olivares, dijo ayer que por ahora no han recibido notificación por ninguna instancia para modificar esta última sentencia, por lo que el estado actual del juicio se mantiene.
“Hasta el momento no ha habido una notificación que se haya recibido en el Tribunal en cuanto a que exista una suspensión decretada por una autoridad federal para el cumplimiento de dicha sentencia. Por tanto, a petición de César Pérez, solicitó a la Sala Constitucional que le comunicara al Congreso del estado procediera a dar cumplimiento con esa sentencia y se repusiera el procedimiento para seleccionar al presidente de la DDHQ”, declaró.
Olivares recordó que la sentencia ha sido impugnada con dos juicios de amparo por Nava y confirmada por el pleno del Tribunal de Justicia. Sin embargo, hasta el momento no ha habido notificación por ningún órgano federal ni internacional para suspender la sentencia, aunque aseveró que estarán atentos a lo que se desarrolle en los próximos días para apegarse a la legalidad de las normas jurídicas aplicables.
“Como son órganos que pueden emitir alguna medida cautelar que nos indique que se suspenda el procedimiento, tendremos que acatarla; habría que esperar también el sentido de las resoluciones del juez de distrito que conoce de las impugnaciones que realizó el doctor Nava en contra de la sentencia”, agregó.
Amenazas de muerte a Nava
En entrevista con un Diario de circulación el viernes pasado, Nava Alvarado dijo que de darse la reposición del proceso, que para él es de facto una destitución, se abriría la puerta además para que otros de los que participaron en el concurso en el que fue electo interpongan un amparo para ser tomados en cuenta de nuevo, dado que el fallo establece que la nueva elección sólo se lleve a cabo entre el actual ombudsman y el quejoso.
El abogado interpuso el pasado 7 de mayo una petición y solicitud de medidas cautelares contra el Estado mexicano ante la CIDH, misma que amplió el 19 de mayo para dar a conocer la negativa a resolver sus recursos de inconformidad, tanto en un Tribunal Colegiado como ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el mismo documento establece que ha denunciado irregularidades ante el Ministerio Público por el proceder de los 13 magistrados locales y tres federales, así como amenazas en su contra.
El caso ha llegado a instancias internacionales, pues Miguel Nava informó que a partir de la solicitada destitución ha recibido amenazas de muerte por medio de una corona de flores fúnebres con dedicatoria a “Miguel Nava y familia”, así como un mensaje escrito en su vehículo institucional en el que de manera anónima amagaron a sus hijas.
Ante esta situación, Nava solicitó el 7 de mayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para que se impida el proceso en su contra y para recibir protección para él y su familia ante dichas amenazas.
En torno a los amagos de muerte que ha recibido, el ómbudsman de Querétaro dijo que su reacción ha sido únicamente “tener cautela, no me van a amedrentar, tampoco denunciar ante el Ministerio Público, porque no se han tomado medidas, entonces se lo hice saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Pide proteger integridad
Añadió que la primera medida cautelar a concederse debiera ser garantizar la integridad física de él y su familia, pues las averiguaciones previas no caminan, y en segundo término interrumpir la materialización de un proceso ilegal, pues tiene suprimidos cada uno de sus derechos.
“Al agotarse las vías nacionales, acudí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que una instancia internacional ponga un alto al Congreso del estado, que en vez de defender baja la guardia, y al Poder Judicial, que estaba impedido para conocer del caso porque la convocatoria para la elección se hizo conforme a la reforma constitucional de 2011, una norma general, no una norma local”, afirmó Nava Alvarado.
Manifestó que además el fallo de la magistrada a cargo modifica la ley, respondiendo a un juicio de protección de garantías con una resolución de acción de inconstitucionalidad.
Al respecto, Braulio Guerra y Carlos Septién se dijeron respetuosos de la libertad que tiene el actual ómbudsman para actuar con referencia a la agresión de sus derechos.
Con otra perspectiva, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tonatiuh Salinas Muñoz, llamó de manera urgente a que se dote de seguridad para los ciudadanos y figuras públicas.
“El PRI de Querétaro siempre está a favor de que lo primordial que necesitamos los ciudadanos se cumpla y tengamos siempre el respaldo del estado; la seguridad para todos los queretanos es importante sin distingo de cuáles son las posiciones, en este caso, tratándose de una figura pública nosotros lo que decimos es que hay que estar salvaguardando los derechos de los ciudadanos y sobre todo su seguridad”, expresó.
