A escasas horas de que venza el plazo para que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial a la fecha sólo el 60 por ciento a realizado los trámites correspondientes ante la Contraloría General del Estado, confirmó su titular Alejandro Padrón Moncada, quien señaló que de acuerdo a los informes en San Luis Potosí alrededor de 3 mil 200 personas deberán cumplir en tiempo y forma con esta obligación.
Destacó que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, es una obligación de los funcionarios presentar ante la Contraloría General del Estado su declaración patrimonial anual a más tardar este 31 de mayo y aquellos que no lo hagan serán sujetos de la instauración de un procedimiento de responsabilidad administrativa y en caso de ser reincidente se puede llegar a la suspensión temporal del servidor público.
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Cabe destacar que la Contraloría General del Estado recibió a lo largo del mes de Mayo las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del primer al tercer nivel, que están obligados a cumplir con este requisito. Además destacó que el objetivo de este programa es preservar un control interno sobre el monto de las propiedades de los funcionarios estatales, y que las mismas correspondan con sus ingresos, lo anterior forma parte del proceso de transparencia y honestidad de la administración pública que lleva a cabo el Gobierno del Estado.
Por Ley, un número importante de funcionarios de la administración estatal se encuentran obligados a informar de sus propiedades, bienes muebles e inmuebles, adquisiciones y cuentas, durante el desempeño de su cargo así como al concluir su responsabilidad en el cargo que se les asignó.
Los titulares de las distintas dependencias, coordinadores y directores generales de oficinas y organismos estatales, agentes del Ministerio Público y de la Policía Ministerial, están obligados a cubrir este requisito.No obstante, Martínez Loredo puntualizó que en caso de que se hayan detectado irregularidades consideradas como graves, será la propia Auditoría Superior del Estado la que presente ante la Procuraduría de Justicia del Estado la denuncia correspondiente.
