El 27 de junio de 2013,y en respuesta a la solicitud turnada al presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología del Congreso del Estado, diputado Crisógono Sánchez Lara, tras constar por escrito al doctor José Ignacio Betan-court Robles, catedrático e investigador del Colegio de San Luis, el legislador pareció, en una confusa redacción, deslindarse de su responsabilidad, argumentando que la comisión que encabeza carece de atribuciones “para dar instrucciones al Secretario de Cultura, por ser un funcionario perteneciente a un poder distinto del Legislativo, del que formamos parte”.
El 4 de junio, Betancourt Robles solicitó tres cosas: a) el conocimiento del presupuesto de que está dotada la Secretaría de Cultura; b) la presentación del reglamento de la ley Estatal de Cultura, promulgada seis años atrás y que, a la fecha, se encuentra en proceso de elaboración; y c) la razón por la que los encargados de la elaboración de esta ley secundaria no han consultado en la materia ni a la comunidad artística ni a la ciudadanía en general, como mandata la Constitución de Estado.
Once meses después, obviando el mandato del artículo 8° constitucional, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología del Congreso del Estado, el diputado (por Nueva Alianza), Crisógono Sánchez Lara, por fin respondió pero –dijo el doctor Betancourt Robles—, vean la ridiculez de su respuesta, más notoria en el tercer punto ya que (leyó) esto nos dice:
“(…) le hago notar que no forma parte de las atribuciones de la Comisión de Educación (etcétera), dar instrucciones al secretario de Cultura, por ser un funcionario perteneciente a un poder distinto del Legislativo, del que formamos parte” (sic).
La respuesta fue considerada no sólo insatisfactoria, sino desinformada y cínica por los integrantes del Colectivo “Es hora de hacernos agua”. Betancourt dijo que la relación del presupuesto (de 2013) turnada por el diputado Alejandro (El Boris) Lozano González, el 27 de mayo de 2013, oculta la realidad, pues obvia asentar los recursos que llegan a esa dependencia desde la Federación y aún desde los particulares, una cifra de 232 millones de pesos (en números cerrados), que fácilmente –consideró el inconforme—, es duplicada con el presupuesto federal y las aportaciones privadas.
El 14 de octubre de 2013, en un oficio a Xavier Torres Arpi, recibido ese mismo día, Betancourt solicitó informes sobre el estado que guarda el Reglamento de la Ley Estatal de Cultura para el Estado (…) que en su artículo transitorio 2° dispone que sea expedido (en un máximo de 180 días, y cuyo plazo comenzó a correr en mayo de 2008, fecha en que la Ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
No fue sino hasta el 15 de noviembre de 2013, cuando el ingeniero Xavier Alejandro Torres Arpi, en su carácter de Secretario de Cultura, respondió a la petición de Betancourt Robles, destacando la existencia de un proyecto de reglamento y que este, presuntamente, se encontraba en esa fecha siendo elaborado “por la presente administración, conjuntamente con las diversas direcciones y organismos del sector cultural…”
Sin embargo, un mes después, se le comunica al reclamante que dicho reglamento estaría siendo elaborado por presuntos representantes de la sociedad civil.
—¿Entonces, en qué estamos; a qué estamos jugando? –se preguntó el doctor José Ignacio Betancourt Robles.
Ayer, de nueva cuenta, se solicitó un informe preciso respecto del avance del retardado reglamento, el nombre de los personajes, representantes culturales y asociaciones que eventualmente estarían elaborándolo y la razón por la que todo esto ha observado lentitud y se ha equiparado a un secreto de estado, aún cuando se trata de una normativa que hace operable a la Ley Estatal de Cultura, reconocida como un derecho de los ciudadanos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Constitución general de la República y los tratados internacionales firmados por México y refrendados por el Senado de la República.
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