DELICADO.- Así como se lee: es verdaderamente delicado que la poderosa Auditoría Superior del Estado, por ser un órgano responsable del control del cuantioso patrimonio administrado por cualquier institución, entidad o empresa pública, haya caído en manos de cuatro diputados, de los cuales dos son plurinominales: Eugenio Govea Arcos (de una calidad moral muy discutible) y Jorge Vera Noyola, así como otras dos priístas: Rosa María Huerta y Ruth Tiscareño Agoitia.
TRONARON.- Otros de quienes integraban la Comisión de Vigilancia del Congreso eran Delia Guerrero Coronado (del PRI) y Rubén Guajardo Barrera (del PAN) y reventaron bajo acusaciones de corrupción. A aquella se le mostró una carta de recomendación al titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, para darles un lugar en la nómina a una lista grande de parientes y amigos, encabezada por uno de sus hijos. Y a éste le acusaron auditores de la propia ASE de intentar vender dictámenes favorables a ediles reprobados en sus cuentas públicas.
DISCUTIBLE.- El hecho de que sean plurinominales dos de los diputados que tienen bajo su dominio a la Auditoría Superior del Estado, por ser integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso, ya hace muy cuestionable que sea tratado adecuadamente un tema tan delicado como es el control sobre el ejercicio de los inmensos recursos públicos. Para empezar tendríamos que preguntarnos: ¿y a esos quién los eligió? Es mucho el poder que tanto Govea Arcos como Vera Noyola han adquirido dentro de la Comisión de Vigilancia, al grado de tener maniatado al titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, a pesar de que ningún ciudadano los eligió directamente como sus representantes en el Congreso.
SUSTITUTOS.- Quienes sustituyen a Josefina Salazar Báez, como directora de fiscalización de la ASE, son Daniel Mendoza Pérez y Raúl Esquivar Garay. De aquel se dijo en algún lado que es pariente de la senadora panista Sonia Mendoza Díaz, pero ésta aparentemente ya emitió un desmentido. Y de éste se asegura que no dejó un buen currículum en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Parece que sus antecedentes también le ocasionarán dolores de cabeza al titular de la ASE; y ello será bien pronto.
TRANSGRESIÓN.- A pesar de que el reglamento para la operación y preservación del Centro Histórico de San Luis Potosí ordena excluir anuncios luminosos en los comercios establecidos, a los operadores del estacionamiento subterráneo de la Plaza de los Fundadores sí les fue autorizado montar una enorme estructura de esas características sobre pivotes de acero inoxidable, sin que hasta ayer se haya presentado ni una observación ni reclamo por parte de la delegación del INAH, a cargo de Juan Carlos Machinena Morales.
EXPLICACIÓN.- Tanto el delegado del INAH, Juan Carlos Machinena Morales, como las autoridades de comercio del Ayuntamiento capitalino y el Patronato encargado de la preservación del Centro Histórico de la Capital deben explicar por qué rayos se permitió a la administración del estacionamiento subterráneo de la Plaza de Los Fundadores instalar tan espantoso portal luminoso, que convierte en algo verdaderamente horripilante a esa escena histórica de la ciudad. Esperemos que ese hecho no sea replicado inmediatamente por infinidad de propietarios de fincas y de comercios en el Centro Histórico, que al ver la impunidad con que fue instalado ese adefesio, traten de hacer lo propio. Y además con derecho a ampararse ante el Tribunal Estatal del Contencioso Administrativo, porque una de las características de toda ley es su carácter de generalidad y universalidad, más no de observancia particular.
CARITAS.- De acuerdo con un comunicado emitido por la Sedesore, a cargo de Fernando Chávez Méndez, uno más en la larga lista de aspirantes a la gubernatura de San Luis Potosí, las “recámaras adicionales” que construye a los pobres del Estado potosino son realmente caritas. Chávez Méndez nos dice que invirtió 3,8 millones de pesos en la construcción de 95 cuartos. Basta con hacer una simple división para sacar el promedio de 40 mil pesos de costo por “recámara”. Es decir, en las modestas viviendas en donde viven los pobres de municipios como Coxcatlán, los cuartos construidos por Fernando Chávez Méndez deben de ser verdaderas residencias.
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