La Comisión Estatal de Derechos Humanos mostró su preocupación por la prevalencia en el estado de la tortura policíaca como método de incriminación. Por ello, el titular de ese organismo ha emitido cuatro recomendaciones, en lo que va del año, a las corporaciones policíacas estatales y municipales y ha solicitado al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, profundizar las investigaciones sobre este proceder.
Jorge Vega Arroyo, presidente-consejero de la CEDH, lamentó que persista en San Luis Potosí esta práctica injusta consistente en arrancar confesiones a través de la tortura física y psicológica, y que ha costado la vida ya de más de una decena de personas.
Se han enderezado recomendaciones a la Procu-raduría General de Justicia del Estado, a Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Policía Ministerial, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, que han sido omisas en su cumplimiento.
Vega recordó que la entidad se encuentra comprometida con la implemen-tación de un nuevo modelo de justicia penal que demanda la profundización de las investigaciones, el destierro de prácticas incriminatorias, físicas y psicológicas, en las que se lastima profundamente el principio constitucional que subraya la inocencia de las personas, hasta en tanto no existan pruebas en contrario.
Vega Arroyo indicó que estos casos se han presentado en las cuatro regiones geopolíticas del Estado de San Luis Potosí.
El titular de la CEDH dijo que ahora mismo se profundiza la investigación sobre una queja formulada respecto de una práctica de tortura en la que se habría incurrido en el municipio de Tama-zunchale, para que el sospechoso de comisión de delito se autoincriminara.
El nuevo modelo de justicia penal, exige la presentación de pruebas fehacientes, científicas, claras, inobjetables que no pueden sustituirse por una acción de autoincri-minación y, menos de una confesión arrancada por la tortura o la amenaza.
Se pronunció por la depuración de los métodos policíacos y, en consecuencia, por la eliminación real, efectiva, de la tortura.
Reveló que una de las denuncias por tortura llevó por la vía de un juez que, al revisar el proceso encontró evidencias y resolvió el auto de libertad para el acusado, procediendo a informar de este hecho a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos –informó el ombudsman—, interpuso treinta y dos recomendaciones a las autoridades de la Penitenciaría Estatal (La Pila), con relación a un evento interno en el que perdieron la vida 13 reclusos y donde poco más de ochenta de ellos resultaron lesionados.
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