Los cambios propuestos por el gobierno afectarían los planes de inversión de las empresas concreteras.
La iniciativa para reformar al sector eléctrico nacional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, podría poner nerviosos a inversionistas y ‘espantar’ la inversión en grandes proyectos de infraestructura y energías limpias para la industria del cemento y el concreto, detallaron directivos y representantes del sector.
Ana Laura Burciaga, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado (AMIC), organización que representa a más de 800 plantas concreteras, señaló que al producirse cambios en las condiciones para la participación de empresas con proyectos de energías limpias, se impactará en la inversión y el trabajo de las empresas que forman parte de la organización como Cemex, Holcim, GCC, Cruz Azul, entre otros.
“Somos una industria que estamos preocupada, afortunadamente para nosotros el tema de costos para el acceso hacia la energía no es tan complejo. Donde a nosotros provoca un impacto es en la pérdida de la confianza de la inversión y en el impacto de la inversión y obra que llega de las instalaciones de las empresas de energía limpia”, señaló.
Agregó que a diferencia de la industria del cemento, los productores de concreto dependen directamente de la generación y compra de energía que se produce y comercializa a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin embargo de aprobarse los cambios constitucionales se podría provocar un impacto en los planes de la industria para transitar hacia el uso de energías limpias para sus operaciones.
“Algunas plantas ya empezaban a trabajar con un poco de energía renovable y nuestra fuente, donde se cuida mucho la producción de la energía, es en nuestras plantas de cemento, que es donde se lleva mayor consumo. La producción de concreto sí llevamos un uso de energía, pero no es tan fuerte como el caso de la industria cementera”, señaló.
Analistas de instituciones financieras como Moody’s, BBVA y Citibanamex, advirtieron que la reforma para fortalecer la participación y atribuciones de la CFE en materia de energía eléctrica afectará la competencia, incrementará los precios para la industria, desincentivaría la inversión y provocaría un retroceso en los planes para generar al menos el 35 por ciento de energía por medio de fuentes limpias.
