El corte de caja de medio sexenio en el tema de seguridad y defensa presenta resultados irregulares: de un lado, la consolidación y profesionalización de la estructura de seguridad en el gabinete de seguridad pública, la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, la funcionalidad de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana y la construcción de la Guardia Nacional.
Del otro lado siguen prevaleciendo en el ánimo nacional las cifras de violencia e inseguridad que han logrado estabilizarse, pero que todavía no reflejan una declinación consistente en el largo plazo.
Aún así, la última encuesta del INEGI reveló una disminución de casi diez puntos en la percepción ciudadana respecto a la inseguridad.
El contraste revelaría, en todo caso, un estado de ánimo social negativo de convivencia casi permanente con la inseguridad y la violencia.
Las cifras de violencia delictiva estarían reflejando los malos resultados en la estrategia de seguridad basada en la construcción de la paz, debido sobre todo a la incapacidad de los liderazgos de las bandas delictivas para entender la lógica del modelo de gobernanza criminal que implica la asunción de responsabilidades de estabilidad social y política por parte de las bandas del crimen organizado para eludir los enfrentamientos violentos entre organizaciones del crimen en la consolidación de territorios de dominación y para contribuir a la pacificación territorial.
La decisión de la estrategia gubernamental de seguridad de no perseguir capos ni combatir a cárteles explica las cifras diarias de homicidios dolosos como producto del enfrentamiento entre bandas criminales para conquistar, mantener y expandir son las territoriales de la soberanía del Estado bajo hegemonía delictiva.
La crisis del modelo de construcción de la paz en Aguililla, Michoacán, ha servido de laboratorio para entender la incapacidad de las élites del crimen organizado en el tema de la gobernanza criminal y la prioridad delictiva sólo de usar la violencia contra otras bandas y con efectos colaterales en afectaciones civiles.
Para la segunda mitad del sexenio no se percibe ninguna revaluación institucional ni nueva estrategia de Gobierno para atender la crisis de seguridad, en el entendido gubernamental de que el plan de construcción de la paz y la incorporación de los cárteles a la pacificación territorial de zonas calientes constituirían estrategias de largo plazo.
El problema que enfrentará el gobierno mexicano en los próximos tres años en materia de seguridad radicara en la presión del gobierno de Estados Unidos para que en México regrese a la estrategia de lucha frontal contra las bandas delictivas y reanude la captura y extradición de líderes de las principales organizaciones criminales que tienen importantes y crecientes células representativas dentro del territorio estadounidense para ingresar y vender en las cañas todo tipo de drogas.
En este tema, el gobierno mexicano apenas está desarrollando iniciativas para debatir con funcionarios estadounidenses la tesis de que la demanda de consumidores determina el volumen y flujo en la oferta y ha planteado con claridad la obligación que debería tener el gobierno de Estados Unidos para combatir a las células del crimen organizado mexicano que tienen importante presencia en los cincuenta estados de la Unión americana.
Hasta ahora, sin embargo, la Casa Blanca se ha atrincherado en la negación de la fórmula demanda-oferta, sigue asumiendo el consumo local como un asunto de garantías individuales y sigue careciendo de operativos concretos para combatir y desarticular a las bandas delictivas mexicanas dentro de EU.
Los encuentros bilaterales de altos y medios niveles han revelado a México una falta de voluntad estadounidense para construir una verdadera estrategia bilateral con compromisos formales para disminuir el flujo de droga hacia los consumidores americanos.
De manera injustificable existe un dato revelador de la falta de voluntad de la Casa Blanca para una verdadera estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: una importante lista de cabecillas de los principales cárteles mexicanos encarcelados en Estados Unidos tiene el contraste negativo con el acceso de las autoridades americanas a información sobre la configuración de los carteles en su país, pero sin ninguna programación estratégica de operativos para desarticularlos.
En el tema bilateral del narcotráfico debe quedar claro el criterio estadounidense de que el consumo no forma parte de las prioridades de gobierno, sino que las autoridades locales han preferido castigar a capos con prisiones perpetuas y no desarticular a sus respectivas bandas.
Ello quiere decir que el consumo de drogas seguirá creciendo en Estados Unidos y por tanto seguirán aumentando las actividades de los cárteles del narcotráfico dentro del espacio estadounidense.
Mientras no exista una protesta real y creciente de la sociedad mexicana contra la estrategia de Estado de tolerar a las bandas criminales fortalecidas, seguirá latente la percepción de que el problema de inseguridad no tendrá solución en la segunda mitad del sexenio y las cifras de inseguridad y homicidios continuaran creciendo.
Zona Zero
En septiembre se realizará una cumbre presidencial México-Estados Unidos para iniciar de manera formal la relación entre el presidente Joseph Biden y el presidente López Obrador.
En esa reunión se definirá la agenda bilateral para los próximos tres años, en el entendido de que en 2024 habrá elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos.
En términos generales, no se percibe que Estados Unidos cambie sus exigencias en los temas centrales de migración, seguridad nacional, inseguridad fronteriza, tratado comercial y crimen organizado, debido a la continuidad del aparato burocrático que define las estrategias estadounidenses y que apenas maquilla los temas centrales para ajustarlos al discurso del presidente en turno.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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