Para 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla sanciones de 3 a 8 años de prisión para las empresas dentro de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos que no cuenten con controles volumétricos para medir las entradas y salidas de combustibles y de 6 a 12 años a quienes vendan producto de procedencia ilícita.
Alejandro Montufar Helú, director de Petrointelligence, señaló que si bien la medida ayudará a detectar cuando alguna empresa esté vendiendo producto ilegal, algunos involucrados consideran excesiva la privación de la libertad.
Alain Duthoy, socio de la firma Lexoil Consulting, agregó que para los comercializadores la obligación es imposible de cumplir, pues la mayoría no cuenta con infraestructura, sino que recurre a transportistas y empresas de almacenamiento.
En México, según la Comisión Reguladora de Energía, existen 171 permisos para terminales de almacenamiento de combustibles automotrices, 34 para almacenamiento de gas LP, 4 mil 104 para expendio de gas y mil 208 para distribución de gas LP.
Además, los especialistas coincidieron en que los costos de inversión para el cumplimiento de la nueva disposición serán traspasados hacia los consumidores finales.
En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso 993 sanciones por 443.7 millones de pesos a empresas que despachan combustibles, entre septiembre del año de 2020 y junio del 2021.
