A punto de ser destituido como ombudsman de Querétaro, Miguel Nava Alvarado solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para impedir el proceso en su contra y para recibir protección ante amenazas de muerte.
En un hecho inusual, el encargado de garantizar el respeto a los derechos humanos de los queretanos pidió a una instancia internacional intervenir para salvaguardar los suyos frente a los Poderes Judicial y Legislativo.
El pasado jueves, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Querétaro notificó a la 57 Legislatura del estado su determinación de acelerar el proceso de reposición de la elección del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH).
La elección se dio el 10 de febrero de 2012 para un periodo de 5 años que culmina el 11 de febrero de 2017.
La determinación del TSJ derivó del recurso que César Pérez Guzmán interpuso por considerar que fue discriminado en la elección del presidente de la entonces denominada Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), realizada en el año 2012.
El inconforme argumentó que en la convocatoria se especificaba que para poder aspirar al cargo debía de tenerse una edad máxima de 60 años y él contaba con 67 en el momento de presentar su documentación.
En diciembre del año pasado, la Sala Constitucional del Poder Judicial del estado ordenó a la Legislatura local reponer el procedimiento de elección del ómbudsman, para permitir la participación del quejoso. La Legislatura 56, que eligió al actual defensor por unanimidad, se inconformó al respecto, en tanto que la 57 se dijo dispuesta a acatar la decisión.
Sin embargo, Nava Alvarado considera que el proceso mediante el cual se dio la resolución estuvo lleno de irregularidades, entre otras el que en principio se aceptara fuera de tiempo la interposición de un juicio de garantías, y que al final los magistrados concluyeran concediendo una acción de inconstitucionalidad, sin que ésta fuera solicitada.
Además, que un tribunal Colegiado federal con base a los mismos antecedentes resolviera dejar en firme la sentencia del tribunal local, sin contemplar que la ley de amparo establece que dicha opción es inválida cuando se trata de elecciones, suspensiones y remociones de servidores públicos designados por el Congreso de la Unión e igualmente Congresos estatales.
Prevén amparos
En entrevista telefónica con un Diario de circulación nacional, Nava Alvarado dijo que de darse la reposición del proceso, que para él es de facto una destitución, se abriría la puerta además para que otros de los que participaron en el concurso en el que fue electo interpongan un amparo para ser tomados en cuenta de nuevo, dado que el fallo establece que la nueva elección sólo se lleve a cabo entre el actual ómbudsman y el quejoso.
El abogado interpuso el pasado 7 de mayo una petición y solicitud de medidas cautelares contra el Estado mexicano ante la CIDH, misma que amplió el 19 de mayo para dar a conocer la negativa a resolver sus recursos de inconformidad, tanto en un Tribunal Colegiado como ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el mismo documento establece que ha denunciado irregularidades ante el Ministerio Público por el proceder de los 13 magistrados locales y tres federales, así como amenazas en su contra. Que el 22 de abril de 2014 se envió una corona de flores fúnebre con listón dirigido y dedicatoria a “Miguel Nava y familia”, misma que fue dejada en la sede de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro.
Además, que al día siguiente, en una puerta del vehículo institucional que utiliza, se dejó un escrito con la siguiente leyenda: “Ya deja de defender a los hijos de los demás. Cuida mejor a tus hijas porque ya se las cargó la chingada…”.
En torno a las amenazas de muerte que ha recibido, el ómbudsman de Querétaro dijo que su reacción ha sido únicamente “tener cautela, no me van a amedrentar, tampoco denunciar ante el Ministerio Público, porque no se han tomado medidas, entonces se lo hice saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Añadió que la primera medida cautelar a concederse debiera ser garantizar la integridad física de él y su familia, pues las averiguaciones previas no caminan, y en segundo término interrumpir la materialización de un proceso ilegal, pues tiene suprimidos cada uno de sus derechos.
“Al agotarse las vías nacionales, acudí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que una instancia internacional ponga un alto al Congreso del estado, que en vez de defender baja la guardia, y al Poder Judicial, que estaba impedido para conocer del caso porque la convocatoria para la elección se hizo conforme a la reforma constitucional de 2011, una norma general, no una norma local”, afirmó Nava Alvarado.
Manifestó que además el fallo de la magistrada a cargo modifica la ley, respondiendo a un juicio de protección de garantías con una resolución de acción de inconstitucionalidad.
“Él [Pérez Guzmán] pide un juicio de protección de derechos fundamentales, al final la magistrada le concede una acción de inconstitucionalidad, qué quiere decir esto: que cambia la ley de Querétaro sin ser legisladora —pero a dos años de que yo fui electo—, para decir que la fracción segunda del artículo 19 que marca la edad de 30 a 60 años es inaplicable porque le viola los derechos humanos al quejoso, pero la ley del estado dice que la acción de inconstitucionalidad sólo se puede pedir por la acción de inconstitucionalidad, no por un juicio de protección de derechos fundamentales”, dijo el ombudsman.
Consideró que la CIDH solicitará en breve al Estado mexicano que informe de los hechos, y de ahí la premura del Poder Judicial de Querétaro por acelerar la reposición del proceso.
