México no ha concretado avances en la lucha contra la trata de personas, aseveró el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre el tráfico de personas.
“México ha incrementado las condenas por trata de personas y está haciendo esfuerzos significativos para combatir el problema, pero la falta de información de inteligencia en las investigaciones, la complicidad oficial y la falta de entendimiento de algunos funcionarios continúan socavando esos esfuerzos”, por ende, el reporte señaló que el Gobierno de Enrique Peña Nieto todavía no cumple con los estándares mínimos para eliminar el problema.
Ya que las organizaciones del crimen organizado han coaccionado niños y migrantes, para trabajar como sicarios y en la producción, venta y transporte de personas; la trata de personas es un problema grave en el país, agregó el documento.
El informe describe que la gran mayoría de las víctimas extranjeras, del trabajo forzoso y sexual en México, provienen de América Central, particularmente, de Guatemala, Honduras y El Salvador; algunas de estas víctimas son explotadas a lo largo de la frontera sur de México.
Por esa razón, el Departamento de Estado lamentó que “el Gobierno mexicano haya seguido prestando servicios especializados limitados para víctimas de la trata”, lo cual constituye una “complicidad oficial” en la trata de personas.
Reconoció que agentes de inmigración mexicanos aplican un sistema para identificar a las posibles víctimas de la trata y algunas instituciones tienen procedimientos informales para referir a las víctimas, pero, añadió, la mayoría de los funcionarios públicos carecen de directrices claras para identificar y derivar a las víctimas a los servicios asistenciales.
El Departamento estadunidense consideró que la emisión del documento generó una crítica directa a las agencias de seguridad mexicanas, sin embargo, tal medida tiene el fin de reafirmar los esfuerzos de México para combatir la trata y no sean “disparejos”, como hasta ahora se han desarrollado.
Como ejemplo, destacaron los esfuerzos policiales que se centraron en allanar bares y discotecas y la búsqueda de irregularidades administrativas, en vez de emprender operaciones de inteligencia basadas en las operaciones de tráfico.
Entre las recomendaciones del informe destacan elevar el financiamiento para la prestación de servicios a las víctimas, asegurar que las víctimas reciban protección, fortalecer las investigaciones de los delitos e incrementar los esfuerzos para hacer que los funcionarios públicos, que son cómplices de la trata, rindan cuentas a través de procesos y condenas.
