Libertad, consumismo y seguridad humana

Una vez más nos hemos enterado de que el saldo de la pausa vacacional de Semana Santa en este 2014 resultó muy lamentable. Demasiados accidentes, pérdida de vidas humanas y daños incalculables. Todos estos hechos ponen de nuevo en el centro de la atención pública el tema de la seguridad vial y la conciencia ciudadana respecto a los límites a la hora de consumir.
Los accidentes y su inaceptable pérdida de vidas son el resultado de la combinación impredecible —pero siempre esperable— de todos los factores de riesgo asociados a la realización de actividades humanas: fenómenos climatológicos, operaciones empresariales llevadas al límite de la rentabilidad, desdén por la seguridad, y presiones mercadológicas para aumentar el consumo.
Las respuestas que casi siempre escuchamos no parecen contemplar debidamente todos los factores que inciden en este tipo de tragedias. Como es frecuente en este tipo de situaciones, ya se ha anunciado la realización de nuevas campañas y programas de prevención. Como resulta obvio, la opinión pública nacional no tendría que aceptar argumentaciones tan simples.
Incluso en las naciones con mayores niveles de seguridad, como las nórdicas, los accidentes suceden y no hay forma de evitarlos completamente. De lo que sí se trata es de definir si en el funcionamiento habitual de una economía como la mexicana lo fundamental es satisfacer los instintos consumistas de la población, o mantener la seguridad que debe ofrecerse a todos los habitantes y empresas.
Al plantear esta interrogante, asumo de entrada que algunos de mis colegas tienen razón cuando afirman que no se trata de una oposición, de una disyuntiva, sino que en realidad la satisfacción de los deseos de consumo es un factor necesario, aunque no suficiente, para garantizar y ampliar la seguridad.
Sin embargo, y tal y como ha venido ocurriendo en nuestro país, lo que parece existir es una contradicción entre estos dos rasgos.
Se tiene así que, por un lado, el debate sobre una mayor promoción del consumo salvaje se ha ampliado y complicado de tal manera, que muy pocos ciudadanos y organizaciones son capaces de seguirlo y de participar activamente en él.
Lo mismo puede decirse de los organismos públicos responsables de prevenir y controlar los riesgos de toda índole: Profeco, Cofepris, Salud, IMSS e ISSSTE, por citar las más grandes.
Por otro lado, no puede dejar de reconocerse que en el funcionamiento habitual de la economía existen serios problemas de inversión y consumo insuficientes.
El creciente desempleo que registran las mediciones oficiales hace pensar que cualquier estrategia de promoción agresiva del consumo no sólo es pertinente, sino incluso necesaria y altamente recomendable.
Adicionalmente, a lo largo de los últimos años hemos tenido que añadir a los frecuentes accidentes, la ocurrencia de actos de inseguridad perpetrados por el crimen organizado. Como una consecuencia más, la percepción social hacia la seguridad se ha deteriorado a niveles todavía más bajos de los que había antes de transitar a la democracia.
La seguridad constituye, sin lugar a dudas, el tema más candente de toda la agenda y, por ende, al que todos los futuros gobernantes dispensan la mayor de las cautelas a la hora de hacer compromisos. Si bien es cierto que existe un amplio consenso respecto a que es impracticable una estrategia basada únicamente en la confrontación, también lo es que las opciones disponibles no son fáciles de implementar, ni carentes de riesgos de agravamiento.
Los casos de Michoacán y Guerrero son ilustrativos de esta situación.
Consecuentemente, el tema en su conjunto requiere de cambios profundos y audaces que, por lo menos, comiencen a revertir los rasgos más negativos de su actual condición. De ahí que no parezca recomendable que la estrategia de mejora de la seguridad vial se centre solamente en la realización de campañas de concientización.
Por retrógrado que pueda parecer el argumento, lo que se requiere es formar una nueva alianza entre gobierno, sociedad y empresarios para generar un modelo de convivencia social que otorgue a la capacidad de consumo y a la seguridad el mismo nivel de importancia.
Si de alguna forma se ha de caracterizar la agenda del bienestar, ésta tiene que comenzar con la medición de necesidades en cuanto a servicios básicos, acceso a satisfactores y principales diferencias de ingreso y calidad de vida entre los grupos de mayores ingresos y los de menores percepciones. Luego, ha de establecerse de este conjunto de medidas cuáles corresponde atender directa y primordialmente a las autoridades locales, y cuáles tendrán que ser atendidas y resueltas con la participación de todos los niveles de gobierno, contando con recursos, tecnologías y facultades de diversa índole.
No atender esta agenda de necesidades será permitir que este enorme problema siga a la deriva y que eventualmente colisione con otros problemas sociales.
Tal y como sucede años tras año en los periodos vacacionales.