El poder real del actual presidente de la República se ha centrado en su control en el Congreso de la unión ya que es ahí en donde aprueban sus proyectos que después como jefe del ejecutivo pondrá en práctica.
Pero se podría decir que el poder de AMLO empezó a declinar a partir de los resultados del 6 de junio en torno a la nueva conformación de la Cámara de Diputados federal, en donde no solo pierde la mayoría calificada, sino que resurge más cohesionado el bloque opositor.
Desde luego, claro, siempre se corre el riesgo que el bloque se parta en añicos, porque el presidente siempre tendrá la posibilidad, merced al poder, el dinero y el acceso a los expedientes negros, de cooptar a legisladores de otros partidos políticos, principalmente del PRI, quienes muchos legisladores, empezando por sus líderes de bancada, tienen una larga cola que les pisen.
En la lógica del imaginario común, el poder de AMLO empieza a declinar porque adelantó la sucesión presidencial con el destape de los precandidatos de Morena, lo que desató el golpeteo bajo entre los suspirantes a grado tal que cada día se recrudece más, además de que ya no están concentrados en sus tareas asignadas, por andar moviendo sin rumbo a la candidatura presidencial.
En la mitad del sexenio declina el poder del presidente debido a la desastrosa gestión que ha hecho y tal vez esta sea la mayor de las razones que ha ocasionado la pérdida de confianza, esperanza e ilusión en la mayoría de los mexicanos, con el tabasqueño.
En todas las tareas y responsabilidades de gobierno se ha fracasado, desde el tema económico, desempleo, inseguridad pública, quebranto del sector salud; hasta temas tan sensibles como la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno, para impulsar un regreso a clases ordenado y sin riesgo para los estudiantes, en torno al contagio de Covid-19
Todo lo que ha tocado AMLO lo ha destruido, claro, menos a los pobres que ya son más a la mitad de su sexenio.
Las rabietas en Palacio Nacional por el corte del cordón umbilical del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), no han terminado allí, sino que ahora han arremetido contra el Banco de México y sus apetitosas reservas internacionales.
Para que el presidente López Obrador, haga una limpia en esos organismos requiere el control del Congreso y éste ya no lo tiene.
Se podría decir que todos esos proyectos hegemónicos que tenía AMLO en la primera parte de su sexenio, han sido frenados, primero porque perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y segundo, debido a que los contrapesos al Poder Ejecutivo se han reactivado, como es el caso de los poderes Legislativo y Judicial, además de varias instituciones cuya actuación debe basarse en la autonomía e independencia.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, no podrán, por ejemplo, lograr los acuerdos necesarios para concretar otro periodo extraordinario para aprobar la Ley de Revocación de Mandato y ello, ya de suyo, implica un serio tropiezo para el presidente, no de mantenerse en el cargo, sino de ampliar su mandato más allá de 2024.
La incorporación de la revocación de mandato al andamiaje constitucional es una trampa a la democracia y una simulación que se ha usado en otros países para que los tiranos se mantengan en el poder más allá del periodo constitucional para el que fueron elegidos.
Esto lo saben los legisladores de oposición y por ello, no se prestarán al juego de que con el señuelo de que se puede ir el presidente anticipadamente de su cargo, aprueben la ley respectiva y con ello abrirle la puerta de la reelección o ampliación de mandato.
El presidente no halla cómo destrabar en primera instancia la Ley de Renovación de Mandato y luego, seguir manejando a la Cámara baja para que, desde allí, sigan desapareciendo dependencias y programas que dieron resultados a los mexicanos por décadas, para dar paso a la restauración de la dictadura perfecta.
Ahora quiere desaparecer al INE para convertirlo en una dependencia de la secretaría de Gobernación para controlar el resultado de las elecciones y de las consultas populares.
El derroche de recursos públicos en las consultas populares raya en el daño patrimonial y si la reciente consulta que se hizo para enjuiciar a los expresidentes, resultó un fracaso total, además del gasto de más de 500 millones de pesos, pues en ese camino va la revocación de mandato que de acuerdo a cálculos del INE podría costar hasta 10 mil millones de pesos y todo para que, al final del día, no sirva de nada porque AMLO seguirá al frente de la presidencia hasta 2024, claro, con el poder presidencial disminuido ya desde ahora.
