Incrementan casos de violencia intrafamiliar que llegan ante el PJE

Ya no solamente se reportan agresiones físicas, sino también violencia económica y psicológica, revela Lourdes Anahí Zarazúa Martínez

Al menos 20 órdenes de restricción o protección son emitidas cada mes por jueces en materia familiar en San Luis Potosí, principalmente por casos relacionados con violencia intrafamiliar, informó la presidenta magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

En entrevista, la magistrada señaló que en los últimos años se ha registrado un incremento significativo en los casos de violencia que llegan ante el Poder Judicial, donde ya no solamente se reportan agresiones físicas, sino también violencia económica y psicológica.

Explicó que, estos factores son considerados por los jueces al momento de determinar la procedencia de una orden de restricción o de protección, tomando en cuenta las circunstancias particulares en las que ocurrieron los actos de agresión y los elementos presentados en cada expediente.

Zarazúa Martínez, también se refirió a los casos de violencia vicaria, y precisó que corresponde a un juez determinar si una situación puede ser considerada bajo esta modalidad, a partir de los elementos y pruebas que se presenten.

En este sentido, indicó que en San Luis Potosí son pocos los casos que han logrado acreditar formalmente este tipo de violencia, pues hasta el momento se tienen identificadas apenas un par de situaciones que reunieron los elementos necesarios para ser consideradas como violencia vicaria.

Recordó que la violencia vicaria es una modalidad de violencia de género mediante la cual una persona agresora utiliza a las hijas, hijos u otros seres queridos de una mujer para provocarle daño, sufrimiento o ejercer control emocional, convirtiéndolos en un instrumento de castigo.

La presidenta magistrada aclaró que, aunque en algunas ocasiones se han presentado denuncias bajo este concepto, no todos los casos necesariamente son acreditados o tipificados como violencia vicaria, ya que corresponde a las autoridades judiciales analizar cada situación de manera particular y determinar si existen elementos suficientes para su reconocimiento.

Ante este panorama, el Poder Judicial mantiene la atención de los asuntos relacionados con violencia familiar mediante los mecanismos de protección previstos para salvaguardar a las personas que se encuentren en situación de riesgo.