X busca poner nombre y apellido a la censura gubernamental
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El dueño de X anunció que la censura exigida por gobiernos será ahora “claramente visible” dentro de la plataforma, en momentos en que X ha abierto al escrutinio público parte del código de su sistema de recomendaciones. (X (formerly Twitter).
La medida no significa que X dejará de cumplir órdenes judiciales o leyes de cada país. Significa algo distinto y políticamente incómodo: que cuando una autoridad intervenga para retirar, bloquear o restringir contenido, podrá resultar mucho más evidente que detrás de esa limitación existió una exigencia externa y no simplemente una decisión editorial de la red social.
X reconoce oficialmente que recibe órdenes judiciales y otras exigencias legales para remover contenido y publica estadísticas sobre esas solicitudes; además, sostiene que revisa su validez jurídica y que, cuando la ley lo permite, notifica a los usuarios afectados. (Transparency).
La diferencia ahora estaría en llevar esa transparencia directamente al funcionamiento visible de la plataforma. Y ahí comienza la parte incómoda para los gobiernos: una cosa es pedir en privado que una publicación desaparezca y otra hacerlo sabiendo que millones de usuarios podrían identificar que una autoridad intervino para limitarla.
El anuncio ya provocó fricciones: India respondió que X deberá seguir cumpliendo las leyes nacionales, evidencia de que la promesa de transparencia encontrará límites jurídicos distintos en cada país. (The Times of India.
Para México, el tema merece atención. Gobiernos federales, estatales y otras autoridades pueden recurrir a mecanismos legales para solicitar restricciones cuando consideran que un contenido viola la ley; lo relevante será distinguir entre una actuación jurídicamente sustentada y cualquier intento de utilizar el poder público para silenciar información incómoda.
La transparencia no impide por sí misma la censura, pero puede dejar huellas. Y cuando una huella tiene fecha, autoridad y contenido afectado, también puede convertirse en información periodística. La pregunta, entonces, apenas comienza a escribirse: ¿qué autoridades mexicanas aparecerán primero cuando las intervenciones gubernamentales sobre contenidos en X puedan verse con mayor claridad?
