DIPUTADO DE BOLIVIA PROPONE ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE CALLE
Una iniciativa legislativa plantea que, bajo determinadas circunstancias y control judicial, mujeres en situación de calle puedan ser sometidas a esterilización
Una propuesta de ley presentada en Bolivia provocó una fuerte reacción de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, luego de plantear la posibilidad de realizar esterilizaciones obligatorias a mujeres en situación de calle, incluso bajo control judicial.
La iniciativa fue presentada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de la alianza opositora Unidad, quien argumentó que busca atender la situación de mujeres y niños que viven en las calles y que, en algunos casos, están expuestos al consumo de drogas o sustancias inhalantes.
El proyecto establece inicialmente que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de la persona. Sin embargo, contempla que, una vez agotadas determinadas instancias, la esterilización pueda convertirse en obligatoria y efectuarse bajo supervisión judicial.
Rodríguez señaló que antes de cualquier procedimiento se realizarían evaluaciones médicas y psicológicas, además de una revisión de la historia clínica de cada persona. El legislador reconoció, incluso, que el apartado referente a la obligatoriedad podría modificarse durante la discusión en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El planteamiento ha sido severamente cuestionado. La activista feminista Patricia Flores calificó la iniciativa como discriminatoria y contraria a la dignidad humana, al considerar que coloca el origen, la pobreza y la situación social de determinadas mujeres como elementos para intervenir sobre su capacidad reproductiva.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos también expresaron su rechazo y advirtieron que una esterilización forzada vulneraría derechos relacionados con la dignidad, integridad personal, libertad, privacidad, salud y derechos sexuales y reproductivos.
Los organismos recordaron además precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluidos casos relacionados con Bolivia y Perú, en los que se ha establecido que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva deben corresponder a cada persona y no pueden estar sujetas a coerción.
El proyecto deberá ser analizado por el Legislativo boliviano. Mientras tanto, la controversia coloca sobre la mesa una pregunta de fondo: si el Estado pretende combatir la pobreza, las adicciones y la situación de calle, ¿puede hacerlo interviniendo de manera obligatoria sobre la capacidad reproductiva de las mujeres? Para los organismos de derechos humanos, la respuesta es contundente: las políticas sociales no pueden convertirse en mecanismos de control sobre el cuerpo de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
