Las Cosas de la Ciudad; Galindo hipócrita participa en “Feria de Paz” ante apremiante inseguridad

Por: El Diablo Cojuelo

COHERENCIA.- Falta le hace entender ese concepto al alcalde Galindo y a su titular de Policía Juan Antonio Villa, quien únicamente destaca en sus estrategias para morder el bolsillo del ciudadano. Los potosinos vivimos en una ciudad donde impera la delincuencia y los robos a negocios, casa habitación, robo permanente de vehículos, asalto a transeúnte y toda la delincuencia común de la que ya está cansada la población. Por nombrar algunos casos recientes, el asalto a una pastelería en lomas, cristalazos a negocios en Carranza, entre otros.

PRIORIDADES.- Las prioridades de la policía municipal deberían estar enfocadas en disminuir la inseguridad cotidiana, en cambio, aquí en la capital ya vimos que no pueden, los delitos siguen en aumento y los responsables de la ciudad decían ser expertos y han resultado una farsa. Saldrán cualquier día a decir que la inseguridad está disminuyendo y que sus estrategias de seguridad funcionan, pero la ciudadanía, que tiene el termómetro real, ya les dejó de creer.

DESABASTO– La falta de agua en la capital potosina dejó de ser una contingencia para convertirse en una constante que golpea directamente la vida diaria de miles de familias. Pasar días o semanas sin servicio, pese a pagar puntualmente, exhibe un sistema que cobra como si funcionara, pero falla cuando más se necesita. No es sequía únicamente, es mala gestión, opacidad y una evidente incapacidad para garantizar un derecho básico.

INTERAPAS– El organismo operador se ha vuelto sinónimo de ineficiencia crónica. Reportes que no se atienden, respuestas tardías y una desconexión total con la realidad de las colonias afectadas reflejan una estructura rebasada o, peor aún, indiferente. Mientras los usuarios acumulan frustración, Interapas mantiene una narrativa técnica que no resuelve el problema de fondo: la ausencia de agua en los hogares.

AUTORIDAD– El gobierno municipal, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, tampoco escapa al señalamiento. La falta de soluciones efectivas y visibles alimenta la percepción de abandono institucional. Administrar la crisis sin resolverla solo profundiza el desgaste social. La ciudadanía no exige discursos, exige agua; y cada día sin servicio erosiona aún más la credibilidad de quienes prometieron resultados.

ABUSO– Lo ocurrido en la Plaza del Carmen vuelve a exhibir una práctica que se repite con preocupante frecuencia: detener primero y justificar después. La ambigua “actitud sospechosa” se ha convertido en el comodín perfecto para encubrir posibles excesos, dejando en estado de indefensión a ciudadanos, en este caso un estudiante. Mientras la autoridad se escuda en protocolos, la realidad apunta a criterios arbitrarios. Si no hay consecuencias claras, estos actos seguirán normalizándose bajo el uniforme.

INSEGURIDAD– La carretera 57 se ha convertido en un termómetro incómodo de la capacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de tránsito seguro. No se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que transportistas han denunciado durante años: asaltos, intentos de robo y una presencia institucional que no logra disuadir al crimen. La muerte del operador exhibe una falla estructural donde la reacción llega tarde y la prevención simplemente no alcanza.

COMPETENCIA– El marco legal que asigna a la Guardia Nacional la vigilancia de carreteras federales termina funcionando, en la práctica, como una zona gris de responsabilidades. Estados y municipios quedan atados, limitados a observar o a intervenir de manera indirecta, mientras la federación concentra la obligación sin resultados contundentes. Esta centralización, lejos de fortalecer la seguridad, evidencia rigidez operativa y falta de esquemas efectivos de coordinación interinstitucional.

RESPUESTA– Más allá del discurso, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Cada incidente sin esclarecer, cada tramo sin vigilancia efectiva erosiona la confianza de quienes dependen de estas rutas para trabajar y vivir. La solución no pasa solo por más patrullas, sino por inteligencia, control territorial y rendición de cuentas. Sin eso, la carretera seguirá siendo terreno fértil para la impunidad.

CANSANCIO– Esperar casi una hora por la Ruta 24 no es una falla, es un síntoma de un sistema colapsado que normaliza el abandono del usuario. Mientras autoridades y concesionarios simulan operar, la ciudadanía paga con tiempo, frustración y calidad de vida. El transporte público dejó de ser servicio para convertirse en castigo cotidiano. Promesas sobran, soluciones no. Y así, entre retrasos y excusas, se administra la mediocridad como si fuera política pública.

REVERSA– En un giro que raya en lo absurdo, las víctimas terminan convertidas en responsables: les intentan robar el vehículo, arriesgan la vida en un forcejeo y, tras el choque provocado por el delincuente, la autoridad pretende cobrarles los daños. No solo falló la seguridad, también el criterio. Este tipo de actuaciones envían un mensaje peligroso: denunciar puede salir más caro que guardar silencio, mientras el verdadero responsable simplemente desaparece sin consecuencias.

OMISIÓN– Un registro expuesto en la colonia San Luis no es un descuido menor, es una trampa urbana que puede costar accidentes graves en cualquier momento. La falta de atención de las autoridades convierte el riesgo en rutina, obligando a peatones y automovilistas a esquivar el peligro como si fuera parte del paisaje. Lo más alarmante no es solo el hoyo abierto, sino la indiferencia institucional que lo mantiene así, esperando a que ocurra una tragedia para entonces sí actuar.

RIESGO– Una alcantarilla abierta en Quintas de la Hacienda no es un desperfecto, es una negligencia en plena vía pública. Cada vehículo que pasa se enfrenta a un daño seguro o a un accidente evitable, mientras la autoridad brilla por su ausencia. Lo indignante no es solo el peligro evidente, sino la normalización del abandono: se reacciona hasta que hay afectados. Entre baches, registros abiertos y omisiones, la ciudad se administra a punta de riesgos.