Un receptor superagonista opioide con mínimos efectos adversos

(Gómez JL et al. Nature 2026; doi.org/10.1038/s41586-026-10299-9)

La denominada crisis de opioides se ha caracterizado por su sobreproducción y ha sido exacerbada por el aumento de opioides sintéticos como el fentanilo, con subsecuentes problemas graves de salud y elevada mortalidad en décadas recientes.

Recientemente, una clase de opioides sintéticos (benzimidazoles o nitazenos) se agrega a las drogas recreacionales. Esto, inició con el etonitazeno desde los 50’, pero se abandonó por potencia elevada y riesgo de sobredosis. La potencia de los nitazenos llega a niveles de más de 1000 veces la de la morfina.

Los agonistas del receptor opioide μ (MOR) son esenciales para el dolor pero también se asocian a depresión respiratoria, constipación, tolerancia, dependencia, supresión y adicción. Los autores identificaron un agonista MOR novedoso (desetil-fluornitrazeno o DFNZ) que no induce depresión respiratoria y en general, tiene pobre penetrancia cerebral, con entorno de mejor seguridad. De hecho, a dosis terapéuticas aumenta oxigenación cerebral, sin tolerancia o supresión al suspenderlo, con sólo 1 de 14 de los eventos adversos que es irritabilidad. Promueve el efecto tónico dopaminérgico (respuesta lenta) y no la fase rápida dopaminérgica.

De tal manera que DFNZ puede ofrecer beneficios terapéuticos sin riesgo de depresión respiratoria.

Mazdutida vs dulaglutida en diabéticos tipo 2
(Guo L et al. Nature 2026; 652: 181-8)

La diabetes tipo 2, es una enfermedad metabólica crónica que ha aumentado en las últimas décadas y afecta al 12% de la población en China (En México es mucho mayor, alrededor de 20%); suele asociarse a complicaciones cardio-renales, oculares, neurológicas, etc., particularmente y más graves cuando el control de la diabetes es inadecuado.

Los agonistas del péptido similar a glucagon tipo 1 (GLP1), han revolucionado el tratamiento de la diabetes 2, con disminución del sobrepeso y mejoría de los niveles de glucosa, con subsecuente ventaja en la expresión cardio-renal.

Los co-agonistas GLP1 han emergido como la próxima generación terapéutica.

Mazdutida, es un agonista dual GCG/GLP1 con potenciales bondades en el manejo de obesidad y diabetes 2. Los investigadores realizaron estudio fase III a 28 semanas para evaluar reducción de HbA1c (promedio de glucemias) y peso y como grupo control, personas con dulaglutida.

Mazdutida a dosis semanal única en 731 participantes aleatorizados a 4 y 6 mg o dulaglutida 1.5 mg. Mazdutida mostró superioridad (y no inferioridad), con mejores niveles de glucosa sanguínea y mayor pérdida de peso de manera significativa (desde p<0.003 a p<0.0001) vs dilaglutida, aunque con más eventos adversos gastrointestinales.

La Salud en México
(Lira-Romero JM, Modelos de Salud Comunitaria)

El análisis crítico de la compleja transición del sistema de salud de México bajo la administración de la Cuarta Transformación (4T) (2018-2024), utiliza un marco de políticas públicas centrado en el concepto de “dependencia de la trayectoria” (path dependency).

La reforma de la 4T constituyó una ruptura ideológica y discursiva radical, montada sobre una profunda continuidad estructural y operativa. La implementación inicial y caótica del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el posterior giro pragmático hacia el modelo IMSS-Bienestar revelan que el voluntarismo político es insuficiente para revertir décadas de inercia institucional. El sistema sigue profundamente fragmentado y subfinanciado, sin lograr resolver la brecha persistente entre la cobertura nominal y el acceso efectivo a la atención.

El futuro del sistema de Salud de México no depende de más demoliciones institucionales, sino de la construcción sostenida de puentes interinstitucionales y la consolidación de un pacto fiscal para garantizar una atención médica universal y de alta calidad.

La garantía del derecho a la salud es una de las promesas fundamentales del Estado moderno y un pilar insustituible del desarrollo social. En México, esta aspiración ha sido el epicentro de un intenso debate y de profundas reformas que han consumido un enorme capital político, particularmente durante la administración de la 4T, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (2018-2024). Esta administración llegó al poder con un mandato de cambio y un diagnóstico decisivo: el “modelo de salud neoliberal” precedente, culpado por la mercantilización de la salud, no solo porque había fracasado en su promesa de universalidad, sino que se había convertido fundamentalmente en un vehículo de corrupción y desigualdad.

La 4T propuso una ruptura discursiva y programática completa. Esto se materializó en la eliminación del Seguro Popular —un acto justificado bajo la bandera de la lucha contra la corrupción— y su reemplazo por dos modelos sucesivos: primero, el efímero Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), y tras su fracaso, el actual proyecto de centralización operado por el IMSS-Bienestar.

El diseño del sistema de salud moderno de México se consolidó a mediados del siglo XX, en el apogeo del modelo de “desarrollo estabilizador” o el “Milagro Mexicano”. En este contexto de crecimiento industrial y consolidación de un Estado posrevolucionario fuerte, se adoptó un modelo de seguro social, caracterizado por su financiamiento a través de contribuciones obligatorias vinculadas al empleo formal. El primer y más importante pilar fue la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943; el IMSS ofrecía un paquete integral de beneficios —atención médica, pensiones y otros servicios sociales— financiado tripartitamente por los trabajadores del sector privado, los empleadores y el Estado.

Esta lógica de segmentación se profundizó y reforzó 16 años después con el ISSSTE en 1959, exclusiva para los empleados del sector público. Con esto, el Estado consolidó la fragmentación, y creó un sistema paralelo para sus propios trabajadores.

Para la década de 1960, una vasta población mayoritaria de trabajadores informales, campesinos y desempleados, recaía bajo la responsabilidad de la entonces denominada Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). Sus servicios, financiados directamente por un presupuesto general insuficiente, se caracterizaban por una escasez crónica de recursos e infraestructura. Este enfoque concebía la salud para los pobres no como un derecho exigible, sino como una dádiva o un acto de caridad estatal, sujeto a la discrecionalidad presupuestaria. Su enfoque era principalmente preventivo y de salud pública (campañas de vacunación, saneamiento), con capacidad muy limitada para la atención especializada. A finales de los 80, el sistema mexicano era un archipiélago institucional complejo e ineficiente.

El diseño del Seguro Popular fue fundamentalmente financiero. Su objetivo no era construir un nuevo sistema de hospitales, sino crear un seguro público para los más de 50 millones de mexicanos sin acceso al IMSS o al ISSSTE. En revisión sistemática de 26 estudios con metodologías rigurosas, el análisis crítico del Seguro Popular encontró efectos positivos en aproximadamente la mitad de los resultados evaluados y efectos nulos en el resto; de 65 resultados sobre protección financiera analizados, el 55% mostró efectos positivos y estadísticamente significativos. A pesar de sus logros, el modelo tenía profundas deficiencias que motivaron su desmantelamiento; el monto per cápita era insuficiente para cubrir el costo real del paquete de beneficios y las transferencias a los estados eran menores a lo estipulado legalmente, lo que se vio agravado por la opacidad en la gestión de los fondos por parte de los estados, con focos de corrupción. El gasto de bolsillo total cercano al 45% del gasto total en salud, obligó a las familias a seguir pagando por medicamentos y servicios no cubiertos. Varios análisis encontraron discrepancias significativas entre las cifras oficiales de afiliación y las reportadas por encuestas nacionales, con padrones inflados por incentivos políticos y económicos.

AMLO había mantenido desde su época como jefe de gobierno de la Ciudad de México la crítica que incluyó como piedra angular la frase polémicamente valiosa “ni es seguro, ni es popular”, eslogan popularizado masivamente por el presidente. A finales de 2019, se aprobó la modificación a la Ley General de Salud, y a partir del 1 de enero de 2020, la nueva visión se basaba en tres principios éticos clave: 1. Universalidad: derecho de ciudadanía, no de afiliación; 2. Gratuidad y 3. Anticorrupción.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) fue la primera materialización programática de la promesa de la 4T de transformar el sistema de salud, eliminó el requisito de afiliación previa y extendió la cobertura a todas las personas en territorio mexicano, incluidos los migrantes. El inicio de las operaciones del INSABI estuvo marcado por un profundo caos operativo, con su lanzamiento sin reglas de operación publicadas. A pesar del discurso de mayores beneficios, la transición implicó una paradoja financiera: el gasto per cápita para la población sin seguridad social en realidad disminuyó. A esto se sumó un significativo subejercicio presupuestario y una contracción del nuevo Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), que impactó la atención de enfermedades de alto costo.

Para 2022, el experimento del INSABI había fracasado, ante lo que se decretó la extinción del INSABI en abril de 2023 y sus funciones se pasaron a una estructura preexistente: el IMSS-Bienestar (con la creación de Organización Pública Descentralizada, OPD), con desafíos monumentales y en gran medida heredados del fracaso del INSABI. Para el público, la distinción entre el IMSS “ordinario” (para trabajadores formales) y la OPD IMSS-Bienestar (para la población no asegurada) es, en el mejor de los casos, borrosa.

Datos recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestran una preocupante caída en la cobertura de vacunación básica en niños menores de cinco años y el objetivo fundamental de la universalización sigue sin cumplirse. La medición de pobreza más reciente revela que 35.7 millones de personas todavía reportan carecer de acceso a los servicios de salud, una cifra que resalta la persistencia de la exclusión.

Dado que las reformas estructurales son a largo plazo, es éticamente imperativo implementar un “plan de mitigación de daños”, con plan de choque con acciones de alta visibilidad y resultados tangibles a corto plazo: A. Se propone un sistema nacional de referencia universal de alta prioridad, donde el IMSS-Bienestar compre estratégicamente servicios (cirugías, consultas de especialidad) a otras instituciones públicas y, en casos seleccionados, privadas; B. Crear “Médicos Especialistas Itinerantes” para la cobertura rural: con resolución de déficit de especialistas en zonas marginadas, a través de cuerpo de élite con contratos a corto plazo y con alta remuneración; C. Asegurar los insumos con una “Logística de Última Milla” transparente: para combatir el desabasto, se debe implementar una plataforma nacional de monitoreo de inventarios en tiempo real, accesible al público. En paralelo, se debe dotar a los directores de hospitales de un fondo de emergencia ágil para la compra local de insumos críticos.