Buscan inhabilitar a servidores públicos que incumplen en transparencia

El actual esquema de sanciones por incumplimiento en transparencia, no está generando presión real sobre los entes obligados, advirtió José Gerardo Navarro

El actual esquema de sanciones por incumplimiento en transparencia, no está generando presión real sobre los entes obligados, pues alrededor de 20 mantienen niveles nulos de cumplimiento sin consecuencias, reconoció el presidente de la aún Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), José Gerardo Navarro Alviso.

Dijo que, ante esta problemática se analizan propuestas para endurecer el régimen sancionatorio mediante figuras como la inhabilitación de servidores públicos o la vinculación del cumplimiento en transparencia con otros procesos administrativos, como ocurre en esquemas federales donde el incumplimiento puede incidir en registros de partidos políticos o en la toma de nota de sindicatos, lo que evidencia la ausencia de instrumentos equivalentes en el ámbito local.

Detalló que, a nivel local pese a que hay amonestaciones y multas que pueden alcanzar aproximadamente 175 mil pesos, estas medidas resultan limitadas frente a prácticas de opacidad persistentes, ya que la normativa solo permite sanciones administrativas que no escalan a mecanismos más restrictivos que impacten de fondo la conducta de los entes.

Navarro Alviso expuso que, el incumplimiento en transparencia no se concentra únicamente en falta de capacidad técnica, sino también en resistencia de algunos sujetos obligados que, pese a contar con recursos y estructura; aunque en algunos casos responde a limitaciones operativas como falta de personal especializado, particularmente en organismos operadores de agua y sindicatos, donde incluso existen unidades que no cuentan con perfiles capacitados.

Abundó que, existe la propuesta de vincular el cumplimiento con la asignación o ejercicio de recursos públicos como una alternativa, pero implicaría retos legales asociados a la autonomía municipal y eventuales controversias constitucionales, ya que, sin sanciones más severas y ejecutables, la rendición de cuentas seguirá dependiendo más de la voluntad que de una obligación efectiva.