Turbio como de costumbre, Galindo privatiza servicio médico municipal
Sin licitación pública ni aval del Cabildo, el Ayuntamiento cerró los Servicios Médicos Municipales y trasladó la atención a una empresa privada
El cierre y privatización de los Servicios Médicos Municipales de San Luis Potosí, ordenado por el gobierno que encabeza Enrique Galindo Ceballos, ha escalado a la atención de medios de comunicación nacionales, ante las presuntas irregularidades en el proceso y las afectaciones directas a miles de trabajadores municipales y a sus familias.
De acuerdo con la información recabada, el servicio médico fue trasladado a la empresa privada Hospital de Especialidades Médicas de la Salud, sin que exista evidencia pública de una licitación, autorización formal del Cabildo, ni transparencia sobre el monto y la duración del contrato, lo que ha encendido alertas sobre la legalidad de la decisión.
Durante un recorrido por las antiguas instalaciones de los Servicios Médicos Municipales, se constató que únicamente continúa operando el área de incapacidades médicas, además de una farmacia prácticamente vacía, lo que confirma el desmantelamiento del sistema de atención médica pública para el personal del Ayuntamiento.
Trabajadores que solicitaron el anonimato señalaron que cerca del 90 por ciento del personal médico y administrativo —alrededor de 100 doctores, enfermeras y empleados— fue despedido de manera repentina, tras la transferencia del servicio al hospital privado.
Las denuncias también apuntan a la pérdida o daño de miles de expedientes clínicos durante la migración, lo que ha generado desorganización y retrasos en la atención de pacientes, quienes ahora deben repetir diagnósticos y estudios, ya que recetas y órdenes médicas emitidas por el personal despedido no están siendo reconocidas. Regidores de oposición en el Cabildo municipal afirmaron que nunca fueron convocados a sesión de comisión ni informados previamente sobre el cierre del servicio médico, por lo que solicitaron la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado para investigar la legalidad y el posible daño al erario derivado de esta privatización.
