GUANAJUATO TIENE 90 DÍAS PARA DESPENALIZAR EL ABORTO O LA SUPREMA CORTE PODRÍA INTERVENIR
La entidad enfrenta un ultimátum legal tras la admisión de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad; de no modificar su Código Penal, la SCJN podría ordenar la despenalización con efectos nacionales.
Guanajuato, uno de los ocho estados que aún penalizan el aborto en México, tendrá un plazo de 90 días a partir del 15 de febrero para adecuar su legislación, o de lo contrario la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría emitir una nueva resolución de inconstitucionalidad con efectos en todo el país, advirtió Amnistía Internacional (AI).
La organización celebró que la SCJN haya admitido a trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad contra artículos del Código Penal de Guanajuato que criminalizan el aborto, lo que abre la puerta a una intervención directa del máximo tribunal si el Congreso local mantiene la omisión legislativa.
AI recordó que desde 2021 la Corte declaró inconstitucional la criminalización del aborto en México, obligando a los 32 estados a armonizar sus leyes, sin embargo, Guanajuato ha ignorado el mandato durante cuatro años, manteniendo disposiciones que vulneran derechos reproductivos.
La ONG también señaló que en diciembre de 2025, el Congreso guanajuatense archivó definitivamente iniciativas para despenalizar el aborto, reformar la Constitución local y reconocer la autonomía reproductiva, lo que calificó como un incumplimiento grave de obligaciones constitucionales.
Actualmente, además de Guanajuato, Morelos, Querétaro, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora continúan penalizando el aborto. En contraste, Aguascalientes despenalizó hasta las 12 semanas en 2023, aunque en 2024 redujo el plazo a seis semanas, decisión que generó fuertes críticas de organizaciones civiles.
La admisión del caso se suma a otros debates pendientes en la SCJN, como la revisión del caso Aguascalientes, aplazada sin fecha definida, donde se analiza si los congresos estatales pueden restringir el acceso al aborto tras su despenalización, en un contexto donde el Congreso federal aún no ha cumplido plenamente con el mandato constitucional.
