Puntualizan denuncia contra responsables de elección en Facultad de Derecho de la UASLP
La catedrática y aspirante a la dirección señala a consejeros universitarios por boicotear su candidatura y acusa a la Defensoría de Derechos Universitarios de omisión ante una campaña de desprestigio y hostigamiento en su contra.
La catedrática universitaria Luz María Lastras Martínez presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos por el delito de discriminación y lo que resulte, en contra de Isaac N. y Alfredo N. En el documento, fechado el 28 de noviembre de 2025, la académica con más de 30 años de trayectoria expone una serie de irregularidades y ataques sistemáticos ocurridos durante el proceso de elección para la Dirección de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”.
Según la querella, Lastras Martínez cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, incluyendo la solicitud de licencia a su cargo como Oficial del Registro Civil para separarse de la función pública, siendo seleccionada legítimamente en la terna propuesta por el Consejo Técnico Consultivo. Sin embargo, durante la sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario del 20 de noviembre, las señaladas habrían interrumpido el orden del día para cuestionar la validez de dicha licencia, sembrando dudas sobre su honorabilidad sin fundamento legal y provocando la suspensión de la votación..
La denunciante argumenta que estas acciones constituyeron un boicot orquestado que desató una inmediata campaña de desprestigio dentro de las instalaciones universitarias. Lastras detalle que, tras la sesión, la Facultad de Derecho se llenó de carteles ofensivos con mensajes alusivos a su familia ya su persona, cuentos como “Lucy la facultad será otro de tus fracasos políticos” y “Los únicos que se han servido de la UASLP han sido los integrantes de la familia Lastras”, además de imágenes alteradas de su rostro.
Uno de los puntos más graves expuestos en la denuncia es la presunta inacción de la Licenciada Olivia Salazar Flores, encargada de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Lastras Martínez relata que, al solicitar la intervención de la funcionaria para levantar un acta sobre los carteles denostativos, esta se negó argumentando que se trataba de “libre expresión” de los estudiantes y que, al ser candidato, debía someterse al “escrutinio público” y no quejarse.
Ante la negativa de la Defensoría a investigar los hechos, la catedrática solicitada al Consejo Directivo Universitario el inicio de un procedimiento sancionatorio para la remoción del cargo de Salazar Flores por omisión en el ejercicio de sus funciones. Lastras califica la actitud de la funcionaria como una burla que ignora los protocolos de violencia de género y violencia política institucional vigentes en la universidad.
La denuncia subraya que se ha creado un estigma institucional en su contra, afectando su integridad y generando un ambiente de menosprecio hacia su persona y su familia. El afectado sostiene que la licencia solicitada al Ayuntamiento fue un acto de probidad, validado por documentos, y que los ataques buscan desestabilizar su participación basándose en juicios a priori.
En el escrito presentado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, se solicitan medidas de protección urgentes bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lastras Martínez pide específicamente que se prohíba a los acusados ya la funcionaria universitaria continuar con las denostaciones y que se garantice su seguridad dentro de su espacio laboral.
La docente responsabiliza directamente a Isaac N., Alfredo Chavero Roque ya quienes resultan responsables por cualquier daño a su persona, familia o bienes. Argumenta que existe un riesgo inminente debido al clima de hostilidad generado en la Facultad, donde transita diariamente para impartir cátedra.
Finalmente, la querella se sustenta en diversos artículos del Código Penal del Estado y de la Constitución, exigiendo que se realice la investigación correspondiente y se judicialice el caso de comprobarse los delitos. Este conflicto legal marca un precedente tenso en la autonomía universitaria, llevando disputas de gobernanza interna ante las autoridades de justicia estatal.
