Zermeño, acusado de encubrir casos de violencia contra estudiantes en la UASLP
El rector Alejandro Zermeño Guerra vuelve a estar en la polémica tras revelarse que durante su gestión permitió impunidad en un feminicidio en 2016 y un presunto caso de violación en 2025, lo que genera indignación entre estudiantes y familiares.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrenta cuestionamientos sobre su manejo de casos de violencia contra estudiantes. En 2016, cuando Zermeño fungía como director de la Facultad de Medicina, se denunció el feminicidio de Samantha Jocelyn, alumna de la institución. Diversos testimonios señalan que el presunto responsable, Gamaliel “N”, fue encubierto por las autoridades universitarias, logrando titularse y obtener su cédula profesional, lo que provocó indignación entre la comunidad académica.
Ahora, en 2025, la polémica resurge con el caso de una estudiante de 18 años de la Facultad de Derecho que sufrió una presunta violación al interior de las oficinas de la FUP. Santiago N., un joven universitario, fue detenido y podría enfrentar de 8 a 20 años de prisión, mientras las autoridades investigan la participación de otros dos implicados, uno menor de edad. La exposición de este caso ha reavivado los cuestionamientos sobre cómo Zermeño y la UASLP han manejado los delitos de violencia dentro de sus facultades.
Estudiantes de la generación de Samantha Jocelyn relatan que sus intentos de protesta en 2016 fueron reprimidos. “La mayoría de nuestra generación quería quemar la escuela, estábamos muy enojados. Pero nos callaron, el director nos calló”, señalaron. Colectivas feministas han recordado en diversas ocasiones que las autoridades universitarias permitieron la impunidad de un presunto feminicida, lo que mantiene una herida abierta en la comunidad.
El caso de 2025 evidencia nuevamente la deficiencia de los protocolos internos de la universidad y la falta de atención adecuada a las víctimas. La Fiscalía General del Estado intervino con medidas de protección y dictámenes médicos y psicológicos, mientras la UASLP se enfrenta a la presión social para garantizar que se respeten los derechos de la estudiante y se sancione a los responsables.
La indignación actual refleja un patrón de omisiones preocupante, que suma años de impunidad y silencios institucionales. Activistas y analistas demandan la revisión de los protocolos de atención a víctimas, mayor transparencia y sanciones efectivas en casos de violencia de género dentro de la UASLP.
Familiares de Samantha Jocelyn y de la estudiante de Derecho insisten en que, pese al tiempo transcurrido, la falta de acción de las autoridades universitarias continúa generando desconfianza. La UASLP enfrenta el reto de restaurar la confianza implementando medidas que aseguren que ningún caso de violencia quede impune y que se protejan los derechos de toda la comunidad académica.
El feminicidio de Samantha Jocelyn ocurrió en marzo de 2016, cuando fue agredida y asesinada por un compañero de la Facultad de Medicina tras rechazar mantener una relación con él. En 2023 se informó que el presunto responsable seguía en libertad y ejercía la medicina, provocando nueva indignación. El caso de 2025, en la Facultad de Derecho, añade urgencia a la exigencia de justicia y cambios reales en la universidad.
