Comercio Municipal y sus inspectores, “sabían de los eventos que se llevaban a cabo dentro del lugar disfrazado de restaurante, pues lo que se vendía eran bebidas embriagantes en exceso, y jamás hicieron nada para clausurarlo”, critica Edgardo Hernández
El Ayuntamiento de San Luis Potosí es responsable de la tragedia en el antro Rich, afirmó el ex diputado y abogado especialista en materia penal, Edgardo Hernández Contreras, quien puntualizó que, la licencia de funcionamiento era de restaurante-bar y se le permitió operar de otra forma.
Expuso que, la noche del 7 de junio del año 2024, será una fecha marcada, por profunda tristeza, para algunas familias en particular y para todos los potosinos en general, por el trágico evento, dónde lamentablemente perdieron vidas dos jóvenes, y otros más quedaron lesionados, sin que hasta la fecha hayan sido dadas de alta clínicamente.
El especialista consideró que, es muy sencillo saber la génesis del injusto penal que se investiga, siendo objetivo e imparcial, pues al remitirse al funcionamiento del lugar. “La Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano del municipio, expidió la licencia de uso de suelo, para el funcionamiento del antro Rich, de fecha 2 de mayo del año 2023, a nombre de una particular, ojo, pero para que funcionara como restaurante-bar, posteriormente obtuvo los permisos de Ecología y Protección Civil”.
Añadió que, en lo sucesivo, la dirección de Comercio y sus respectivos inspectores, “sabían y conocían de los eventos que semanalmente se llevaban a cabo dentro del antro disfrazado de restaurante, pues lo que se vendía eran bebidas embriagantes en exceso, y jamás hicieron nada para clausurarlo”.
Hernández Contreras dijo que, tampoco se debe olvidar que, el domicilio en el cual se encuentra el local en que sucedió esta lamentable tragedia, está dentro de una plaza pública, ubicada en el municipio de San Luis Potosí, capital.
Detalló que, al encontrarse ante el tipo penal de un homicidio, culposo, en razón a ello, los funcionarios municipales que expidieron, permitieron y consintieron las actividades ilícitas, además del delito de corrupción de menores, deben enfrentar un proceso penal y, no solo inhabilitaciones de carácter administrativo.
