DESAPARICIONES – Mientras miles de familias celebran con flores, regalos y abrazos el 10 de mayo, en San Luis Potosí hay madres que sólo tienen pancartas, fotografías y un grito de auxilio. Ellas no celebran, exigen. El colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros” ha convocado nuevamente a una marcha este 12 de mayo, como cada año, para recordar al Estado que sus hijos siguen desaparecidos. Edith Pérez, su presidenta, lo resume con una frase demoledora: “no hay nada que celebrar”. Estas mujeres, convertidas en investigadoras, rastreadoras y denunciantes, enfrentan una doble injusticia: la desaparición y la indiferencia institucional. Mientras la sociedad brinda por la maternidad, ellas exigen respuestas. Su lucha no es política, es humana. Y aunque los gobiernos digan que trabajan, lo cierto es que miles de expedientes duermen en el polvo. Las madres buscadoras son la conciencia viva de un país que ha normalizado lo inaceptable: la ausencia de nuestros seres queridos.
LEGISLATIVO – El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó apenas el 17.2 por ciento de las iniciativas que tramitó en 2023, según el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales del INEGI. En números claros: de mil 070 propuestas, sólo se aprobaron 184. Mientras tanto, sus 27 diputados siguen cobrando sueldos, viáticos y privilegios como si fueran productivos. El dato es escandaloso si consideramos que otros congresos con menos diputados procesaron más iniciativas. ¿Dónde está la eficiencia legislativa que tanto pregonan en sus redes sociales? Lo cierto es que el Congreso local se ha convertido en un órgano lento, burocrático y más atento a intereses partidistas que a las demandas ciudadanas. A esto hay que sumar el bajísimo nivel de debate, la escasa rendición de cuentas y la opacidad en temas presupuestales. ¿Para qué queremos un Congreso que apenas legisla y solo simula? La representación política pierde valor cuando se convierte en mero trámite.
ESCONDITE– En lo que va de 2025, el organismo operador de agua, Interapas, ha incurrido en una clara falta de transparencia. La Ley es precisa: deben publicar mensualmente las actas y acuerdos de sus juntas de gobierno. Sin embargo, sólo aparece el acta de enero y fue subida con retraso, apenas el 9 de mayo. Para febrero y marzo alegan que no hubo sesiones, pero una publicación del Ayuntamiento en Facebook desmiente esa versión. El 21 de febrero, el secretario general Fernando Chávez Méndez encabezó una reunión de la Junta de Gobierno del Interapas. ¿Mienten o simplemente incumplen la ley? En abril ni siquiera hay evidencia de actualización. La omisión es grave porque impide conocer decisiones que afectan el servicio de agua y los recursos públicos. ¿Dónde está la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información? ¿Dónde la Contraloría? La transparencia no puede depender del humor político del funcionario en turno.
CONCESIONES – Los concesionarios de taxis se resisten a cumplir normas básicas para operar en San Luis Potosí. Se niegan a someterse a exámenes toxicológicos y a actualizar la documentación exigida para la renovación de concesiones. Olvidan que el transporte público no es una actividad privada, sino un servicio regulado por el Estado, y que el interés superior es el de los usuarios. Las autoridades han sido ambiguas, complacientes o simplemente omisas. ¿Quién fiscaliza que se cumpla con las revistas periódicas? ¿Quién garantiza que no haya operadores con historial penal o en estado inconveniente? El argumento de la tradición o la antigüedad no exime del cumplimiento legal. Si un taxista no puede aprobar un control básico de confianza, no debe estar al volante. No se trata de castigar al gremio, sino de elevar estándares de seguridad y profesionalismo. Pero si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se rinde, entonces gana el desorden y pierde el ciudadano.
OMISIONES – El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) elaboró un estudio para resolver el problema del lirio acuático en la presa San José, y se anunció que el próximo 14 de mayo se presentarán los resultados. El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos prometió hacer públicos los hallazgos. Sin embargo, ya se han pospuesto reuniones antes, y queda la duda sobre si se cumplirá el compromiso. Este problema no es nuevo ni técnico, es político. La invasión de lirio es una consecuencia del abandono sistemático a nuestros cuerpos de agua. Cada día que pasa sin una solución real, se deteriora más la presa, el ecosistema y el suministro a la ciudad. ¿Qué se hará si el diagnóstico es negativo? ¿Habrá presupuesto, estrategia o solo declaraciones? Galindo está ante una oportunidad: demostrar que la ciencia puede ser política pública, no solo escaparate. Si no actúa, será cómplice de otro caso más de negligencia ambiental.
LEY – El caso de Interapas deja una enseñanza mayor: muchas leyes en San Luis Potosí están muertas en la práctica. El artículo 84 fracción XIII de la Ley de Transparencia exige la publicación de las actas de órganos colegiados. Sin embargo, Interapas las ignora sin consecuencias. Si no hubiera sido por una publicación en redes sociales, nadie se habría enterado de la sesión en febrero. Esto es preocupante porque convierte la transparencia en simulación. ¿Quién sanciona? ¿Quién vigila que la ley se cumpla? La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAIP) ha brillado por su tibieza. Su papel debería ser el de garante firme, no notario complaciente. La opacidad mata la confianza pública. Si Interapas, que maneja recursos millonarios y decisiones clave, opera con este nivel de oscuridad, ¿qué podemos esperar de otros organismos? Necesitamos instituciones que exijan cuentas, no que sirvan de tapadera para quienes se burlan de la ley.
ABANDONO – El Teatro de la Paz, joya arquitectónica y símbolo cultural de San Luis Potosí, se ha transformado en las noches en un refugio improvisado de indigentes, alcohólicos y personas en situación de calle. A pesar de estar rodeado por vigilancia de la Policía Municipal, los agentes sólo hacen rondines sin intervenir. El resultado: un entorno inseguro y degradado, que afecta tanto a visitantes como a comerciantes de la zona. Las escalinatas del Teatro —que deberían recibir aplausos, arte y cultura— se convierten al anochecer en improvisados dormitorios llenos de basura, olores fétidos y violencia latente. Las autoridades municipales deben reconocer que esta omisión también es una forma de abandono. No se trata de criminalizar la pobreza, sino de garantizar espacios dignos para todos. ¿Dónde están los albergues? Mientras tanto, el corazón cultural del Centro Histórico late cada vez con más dolor, entre indiferencia institucional y promesas vacías.
RIESGO – Aunque el Circuito Potosí fue presentado como una obra vial moderna que conectaría eficientemente a la ciudad, la realidad ha sido otra: es también escenario de múltiples accidentes. La causa principal es el exceso de velocidad por parte de los automovilistas, pero también influye la falta de señalamientos adecuados en varios tramos. ¿Cómo es posible que una vialidad nueva tenga tantas fallas de señalización? ¿Dónde están las campañas de concientización y los dispositivos de control de velocidad? El Ayuntamiento y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben asumir su parte. La tecnología no sirve si no hay cultura vial ni prevención. Cada accidente representa un riesgo mortal para conductores, peatones y ciclistas. Si no se toman medidas, la “obra insignia” se convertirá en sinónimo de peligro. Se invirtió dinero público para construirla, ahora debe invertirse voluntad política para hacerla segura. Las vialidades deben conectar vidas, no terminarlas prematuramente.
