La Comisión de Vigilancia pedirá esclarecer el presunto arrendamiento de 42 unidades vehiculares, denunciado por Ciudadanos Observando, confirmó el diputado Luis Fernando Gámez
La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado solicitará a las autoridades correspondientes y a los funcionarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí que aclaren el supuesto arrendamiento de vehículos a sobreprecio, revelado recientemente por la organización Ciudadanos Observando. El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de dicha comisión, afirmó que se buscará llegar hasta las últimas consecuencias para fincar responsabilidades.
El legislador aseguró que esta clase de actos van en contra de la ciudadanía y del nuevo modelo de gobierno que se busca construir en la entidad. “No podemos permitir que este tipo de prácticas continúen manchando la imagen de San Luis Potosí. Si se comprueba la ilegalidad, debe aplicarse una sanción ejemplar”, expresó Gámez Macías.
La denuncia ciudadana advierte que el Ayuntamiento capitalino habría arrendado 42 unidades vehiculares a precios considerablemente elevados, lo cual encendió las alertas de los entes fiscalizadores. Lo más preocupante, indicó el diputado, es que se trataría de una empresa con antecedentes de sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública, precisamente por prácticas de sobreprecio.
El presidente de la Comisión de Vigilancia fue enfático al declarar que en la actual administración no debe haber lugar para la impunidad. «Estamos en una nueva etapa política donde el combate a la corrupción debe ser real, no solo un discurso», remarcó.
Gámez Macías también criticó el rumbo que ha tomado la administración del alcalde Enrique Galindo, a quien responsabilizó de diversos problemas en la capital, incluyendo la creciente inseguridad, el desabasto de agua y ahora, este presunto escándalo financiero. “La alcaldía ya perdió el rumbo, y estos señalamientos confirman la urgencia de una revisión a fondo”, afirmó.
Finalmente, exhortó a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción a iniciar las investigaciones correspondientes, y pidió que la ciudadanía se mantenga vigilante de las decisiones públicas que comprometen recursos de todos los potosinos.
