Ante la solicitud de cancelación de candidaturas, el INE declaró “procedente” revisar los requisitos de elegibilidad después de las votaciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que revisará los requisitos de elegibilidad de los candidatos al Poder Judicial después de las votaciones del 1 de junio, en respuesta a una solicitud del Congreso que buscaba la cancelación de 18 postulaciones por supuestas irregularidades. La resolución del órgano electoral se da en un contexto inédito para el país, con la primera elección popular de jueces y magistrados.
A pesar de que el Legislativo denunció que algunas candidaturas están vinculadas a delitos graves como abuso sexual, peculado y delincuencia organizada, el INE declaró que no tiene facultades para cancelar registros antes del proceso electoral. Argumentó que su intervención sólo procede durante el análisis posterior a la jornada, cuando se califique la validez de los comicios.
El Senado y la Cámara de Diputados también impugnaron a otros ocho aspirantes por no cumplir con el requisito académico mínimo de promedio de ocho en la licenciatura. Sin embargo, el INE insistió en que sólo podrá intervenir una vez celebradas las votaciones y antes de entregar constancias de mayoría a los candidatos ganadores.
La decisión fue sustentada en la jurisprudencia 11/97 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que establece que los requisitos de elegibilidad pueden ser revisados tanto en el momento del registro como en la etapa de calificación electoral. El INE dejó en claro que acatará este marco jurídico para evitar actos arbitrarios o parciales.
El órgano electoral también recordó que los Comités de Evaluación de los tres Poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— avalaron inicialmente que las candidaturas cumplían con los criterios constitucionales, lo cual resta margen de maniobra al instituto antes de la jornada electoral.
Con una participación estimada de 99.7 millones de ciudadanos y más de 3 mil 400 aspirantes, esta elección judicial ha generado preocupaciones por parte de organismos internacionales y actores políticos, quienes advierten posibles riesgos de intervención gubernamental o del crimen organizado. El INE reiteró su compromiso con la imparcialidad y la legalidad del proceso.
