El Gobierno Federal solicitó a Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna y de su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que enfrenten cargos de corrupción y lavado de dinero vinculadas a su gestión como funcionario público
Según documentos presentados ante una corte en Florida, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, han evitado comparecer ante la justicia, lo que, de acuerdo con los abogados del gobierno mexicano, podría interpretarse como una admisión implícita de los señalamientos en su contra. El juicio civil, iniciado en 2021, busca recuperar cerca de 745.9 millones de dólares presuntamente desviados a través de contratos públicos simulados.
Asimismo, se interpuso una demanda civil en Estados Unidos para recuperar bienes asociados a los recursos desviados, incluyendo propiedades ubicadas en Miami. Un tribunal estadounidense reconoció la legitimidad del gobierno mexicano para avanzar con este proceso legal.
En relación a Linda Cristina Pereyra, el titular de la UIF, Pablo Gómez, confirmó que se solicitará su extradición inmediata por la acusación de participar activamente de la red de corrupción liderada por su esposo.
fue condenado en 2024 a 38 años de prisión en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de participar en una red de narcotráfico y delincuencia organizadaGarcía Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006–2012), fue condenado en octubre de 2024 a 38 años de prisión en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de participar en una red de narcotráfico y delincuencia organizada. El jurado determinó que recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y favores institucionales.
Fue una de las figuras más poderosas en el aparato de seguridad de México. Desde su cargo en Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, encabezó la llamada «guerra contra el narcotráfico» y en esos años fue la cara visible del combate al crimen organizado. Bajo su mando operó un despliegue inédito de efectivos militares en una política de enfrentamiento directo a los cárteles. Pero mientras encabezaba esa «guerra», en paralelo se generaban las dudas sobre cuál era su verdadero rol. Diversos informes de inteligencia, filtrados por distintos medios de comunicación, señalaban desde esos años los presuntos vínculos que García Luna tenía con el Cártel de Sinaloa, el mismo que supuestamente debía combatir.
Las acusaciones más graves ocurrirían después. En 2019, García Luna fue arrestado en Dallas, Estados Unidos y trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, acusado de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y filtración de información. Un tribunal federal de Brooklyn lo acusó formalmente de distribución internacional de cocaína, de ser socio de una empresa criminal y de rendir falso testimonio. Testigos protegidos, incluyendo ex narcotraficantes, aseguraron que el ex secretario de Seguridad recibía maletas llenas de dinero a cambio de permitir el tráfico de drogas a través del país y hacia Estados Unidos sin intervención de las fuerzas federales. Uno de los testimonios más llamativos fue el de Jesús «El Rey» Zambada, hermano de ‘El Mayo’, quien aseguró haberle entregado personalmente varios millones de dólares a cambio de protección.
Además del juicio en Estados Unidos, Genaro García Luna también enfrenta en México diversas investigaciones por corrupción, lavado de dinero y otros delitosSu caso, ventilado en una corte federal de Nueva York, expuso una red de complicidades que habría permitido al narcotráfico operar con impunidad al más alto nivel del Estado mexicano. En 2023 fue hallado culpable de los cinco cargos que le fueron imputados: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas cuando solicitó la ciudadanía estadounidense en 2018. En 2024 el juez de Distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, lo condenó a 38 años de prisión y una multa de 2 millones de dólares.
Además del juicio en Estados Unidos, Genaro García Luna también enfrenta en México diversas investigaciones por corrupción, lavado de dinero y otros delitos. Actualmente hay tres investigaciones abiertas en su contra por distintas instancias del Estado:
1) Fiscalía General de la República (FGR): investiga su participación en el operativo «Rápido y Furioso», un esquema encubierto mediante el cual 2 mil armas ingresaron ilegalmente a México desde Estados unidos, supuestamente con el objetivo de rastrear su uso por el crimen organizado. La FGR también lo acusa por uso indebido de atribuciones y facultades, así como por la adjudicación irregular de contratos millonarios para el equipamiento de centros penitenciarios.
2) Presunta participación en el caso Colosio: según la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se cuenta con nuevas pruebas materiales y científicas que indicarían la existencia de un segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994. Este segundo tirador, identificado como Jorge Antonio, era un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) encargado de la seguridad del candidato del PRI. Según esta versión, el tirador fue arrestado en Tijuana, pero fue liberado poco después gracias a la intervención de García Luna, quien en ese momento trabajaba en el CISEN.
3) Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: lo acusa de haber desviado más de 600 millones de dólares entre 2009 y 2018, mediante contratos simulados desde dependencias públicas hacia empresas vinculadas a su círculo cercano. Estos recursos habrían sido lavados a través de paraísos fiscales —como Israel, Barbados y Panamá— y posteriormente reingresados a México en forma de inversiones privadas y propiedades. Esta investigación sustenta la actual solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano ante Estados Unidos.
La caída de García Luna no solo sacudió a las instituciones de seguridad, sino que también fue un golpe político al expresidente Felipe CalderónAdemás, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en los contratos de equipamiento de centros penitenciarios, servicios de inteligencia, tecnología de videovigilancia e incluso software para espionaje. Muchos de esos servicios, sobrevalorados o no prestados, beneficiaron a proveedores conectados con su círculo.
La caída de García Luna no solo sacudió a las instituciones de seguridad, sino que también fue un golpe político al expresidente Felipe Calderón y a su entorno. Aunque Calderón ha insistido en que desconocía las actividades criminales de su exsecretario, su defensa ha resultado poco convincente para gran parte de la opinión pública y de la clase política. La idea de que el responsable máximo de la seguridad nacional operara durante años como agente del crimen organizado pone en duda la legitimidad del combate al narcotráfico en ese sexenio.
Además de las controversias ya existentes por la violencia desatada durante el sexenio de Calderón —con más de 120 mil muertos, de acuerdo con diversos recuentos—, su figura quedó aún más debilitada tras el escándalo de García Luna. Su partido en formación en aquel momento, México Libre, no logró obtener el registro como fuerza política debido a que no acreditó el origen de algunas aportaciones.
El caso de García Luna sigue provocando efectos. Mientras la solicitud de extradición avanza y se investigan las redes de lavado de dinero, crece la presión social para que Felipe Calderón asuma la responsabilidad o, al menos dé alguna respuesta verosímil sobre sus vínculos con este personaje hoy condenado por proteger y favorecer a ciertos grupos criminales del narcotráfico.
