Por: El Diablo cojuelo
ENCUBRIMIENTOS – La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se envuelve en su toga institucional para negar cualquier ilegalidad, tras la denuncia penal que presentó el empresario Fabián Espinosa por presuntos delitos como extorsión y fraude, vinculados a la renta de un predio. Lejos de abrir la puerta a la transparencia, la universidad acusa un “complot político”, como si eso bastara para eludir el fondo del asunto. ¿No debería la máxima casa de estudios predicar con el ejemplo y ponerse a disposición de la justicia, en lugar de esconderse tras comunicados que descalifican al denunciante y a los medios? El discurso del rector Alejandro “N.” y la abogada Urenda “N.” evoca más una trinchera política que una postura ética. Si son inocentes, ¿por qué temen el proceso? Litigar en medios no es ético, pero tampoco lo es despreciar una denuncia ciudadana. La comunidad merece una explicación clara, no teorías conspirativas.
LAVAMANOS– En plena Zona Industrial, donde opera la élite empresarial de San Luis Potosí, fue desmantelado un narcolaboratorio. La reacción del gremio y de las autoridades fue inmediatamente lavarse las manos. José Enrique Villafuerte, presidente de la UZZI, declaró que el inmueble no pertenece a ninguna cámara. ¿Y eso exime de responsabilidad? ¿Quién permite la operación de negocios clandestinos en una de las zonas más reguladas del estado? La pasividad con la que se deslindan de este foco de criminalidad revela un sistema tolerante a lo irregular. ¿Dónde están los registros, los inspectores, las licencias? ¿Nadie revisa? En un entorno industrial serio, eso es impensable. Pero en San Luis, la opacidad y el silencio empresarial lo permiten todo. Una verdadera mafia empresarial se protege con la complicidad de las autoridades que no ven, no oyen y, sobre todo, no actúan.
AGRESIÓN– En calles de la capital potosina, una joven fue manoseada durante un asalto, y la agresión quedó grabada en video. La imagen es brutal y el silencio institucional aún más. ¿Dónde está la respuesta de Seguridad Pública? ¿Dónde las políticas de protección a mujeres? Vivimos en un estado donde una agresión sexual se convierte en una nota más, y el agresor deambula libre. Cada día que pasa sin identificarlo, es un mensaje de impunidad. Que quede claro: si el Estado no protege a las mujeres, está permitiendo que este infierno continúe. Urge un gobierno que no solo anuncie campañas rosas cada marzo, sino que garantice justicia todos los días.
TRAGEDIA – La bebé Darian Idaliz, de seis meses, murió tras caer en una guardería que, según versiones preliminares, no estaba en condiciones óptimas para operar. ¿Cuántas veces más debe pasar esto? ¿Quién revisa las condiciones físicas y de seguridad de estos centros? ¿Cómo obtiene permisos un sitio que aparentemente no los cumple? La clausura posterior es insuficiente: es una respuesta reactiva, no preventiva. Hay una bebé muerta. Una familia destrozada. Y autoridades omisas. Si alguien alteró información para validar esta guardería, debe enfrentar la cárcel. La vida de una niña no puede quedar en el olvido administrativo.
INACCIÓN– En pleno Día Internacional contra el Acoso Escolar, el Congreso del Estado de San Luis Potosí guarda un silencio ensordecedor. La Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte, presidida por la diputada Mireya Vancini Villanueva, no ha presentado una sola iniciativa que aborde el problema del bullying escolar, una de las violencias más normalizadas y destructivas en la infancia. Más de ocho meses después de su instalación, lo único que ha producido son promesas rotas y actividades canceladas. ¿Qué mensaje envía esto a la niñez potosina? Que su voz no importa. Que sus derechos se pueden cancelar por capricho o descuido ¿Qué prioridad tienen las infancias en la agenda legislativa? El abandono institucional es un acto de violencia más, esta vez desde el poder.
PRENSA– Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero en San Luis Potosí no hay nada que celebrar. La entidad ocupa el quinto lugar nacional en agresiones contra mujeres periodistas, con al menos 7 casos registrados en lo que va de 2025, según datos de Comunicación e Información de la Mujer A.C. No se trata de cifras frías. Detrás de cada número hay una voz silenciada, una pluma amenazada, una historia que no se contó por miedo. La violencia contra mujeres en medios no es solo física o verbal; también es institucional, estructural y sostenida por la impunidad. Este clima hostil no es casual: responde a intereses que buscan controlar el discurso público y castigar la disidencia femenina. Callar a una mujer periodista es una forma de censura que hiere doble: por su labor y por su género. Urge una respuesta seria, firme y con enfoque de género.
