Gobierno solicita al Supremo anular bloqueo de jueza a registros de Seguridad Social.
La administración del presidente Donald Trump ha solicitado este viernes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que permita a miembros del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el empresario Elon Musk, acceder a registros personales de la Seguridad Social. La petición surge tras la orden de una jueza federal que bloqueó temporalmente dicho acceso por considerarlo una vulneración de derechos.
El procurador general, John Sauer, afirmó que la decisión de la magistrada Ellen Hollander representa un “abuso de autoridad” y genera un “daño irreparable” a las prioridades del Ejecutivo. La solicitud forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para revertir bloqueos judiciales que han frenado varias de sus medidas más controvertidas.
El DOGE, una entidad polémica fundada como parte del plan de reforma administrativa de Musk bajo la supervisión federal, recibió autorización para acceder a millones de registros altamente sensibles, entre ellos historiales médicos, datos bancarios, números del Seguro Social y domicilios particulares. El acceso fue concedido a diez miembros del DOGE sin requisitos claros de capacitación o control de seguridad.
La jueza Hollander emitió su fallo el 20 de marzo, estableciendo que el acceso indiscriminado a estos datos por personal no calificado constituye una amenaza a la privacidad y vulnera los derechos de los ciudadanos. La medida cautelar fue aplaudida por organizaciones sindicales y de derechos civiles, que consideran el programa como un intento encubierto de vigilancia estatal.
Entre los demandantes del caso se encuentran la Federación Estadounidense de Profesores (AFT), la Federación de Empleados Estatales y Municipales (AFSCME) y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA), quienes denunciaron la concesión de información confidencial a un organismo sin mecanismos claros de transparencia ni rendición de cuentas.
Sauer, sin embargo, desestimó estas preocupaciones calificándolas de “obstruccionismo judicial” y aseguró que el DOGE desempeña un papel clave en la transformación de la burocracia estadounidense. El Tribunal Supremo deberá decidir si interviene para levantar la orden de Hollander y permitir que el DOGE retome su acceso a la base de datos de la Seguridad Social.
