Recortes financieros obligan a reestructurar operaciones en el país; ocho sedes seguirán activas.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció el cierre de cuatro oficinas en México como parte de una reestructuración derivada de su complicada situación financiera global. A pesar de ello, la organización afirmó que continuará operando en territorio mexicano con otras ocho sedes que permanecerán activas.
Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, ACNUR precisó que las oficinas de Palenque y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas; Tenosique, en Tabasco; y Guadalajara, en Jalisco, han cesado sus operaciones. Las sedes que seguirán abiertas se encuentran en Ciudad de México, Tapachula, Aguascalientes, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Villahermosa, Ciudad Juárez y Tijuana.
El anuncio coincide con la reciente publicación del informe “Un hogar en México”, en el que ACNUR detalla un incremento del 40 % en la resolución de solicitudes de asilo en el país durante 2024. De acuerdo con el reporte, casi 80,000 solicitudes fueron atendidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), lo que posiciona a México como uno de los 10 países con más peticiones de asilo a nivel mundial.
La organización internacional también reconoció avances en la digitalización del sistema de asilo mexicano, incluyendo la adopción de tecnología biométrica por parte de la Comar. No obstante, advirtió que persisten desafíos importantes como las limitaciones presupuestales, lo que ha generado una sobrecarga en el sistema debido a la falta de opciones legales de estancia para las personas solicitantes.
El informe identifica a Honduras, Cuba, Haití, El Salvador y Venezuela como los principales países de origen de quienes solicitan refugio en México. A pesar de la presión sobre el sistema, la tasa de reconocimiento de personas refugiadas en el país se mantiene por encima del 60 %, una cifra destacable en el contexto internacional.
Por último, ACNUR alertó sobre la violencia como causa principal de desplazamiento interno en México. Solo en 2023, más de 320,700 familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares por motivos de seguridad. En Chiapas, la situación fue particularmente crítica, con al menos 11,000 personas desplazadas dentro del estado y unas 600 que cruzaron la frontera hacia Guatemala.