Acusan a Zermeño y a Queletzú de extorsión y cohecho en arrendamiento

Fabián Espinosa Díaz de León denuncia al Rector y a la abogada general de la institución de actos irregulares relacionados con el contrato de un predio para construir un centro deportivo en Lomas Cuarta Sección

Fabián Espinosa solicitó la intervención de las autoridades para investigar posibles delitos cometidos por los funcionarios universitarios

Fabián Espinosa Díaz de León presentó una denuncia formal por presuntos delitos de extorsión, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa contra el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, y la abogada general de la misma institución, Urenda Queletzú Navarro Sánchez. La acusación se deriva de una serie de declaraciones públicas y omisiones que habrían afectado un contrato de arrendamiento para desarrollar un centro deportivo en un predio universitario.

La denuncia se relaciona con un contrato celebrado el 12 de abril de 2024 entre la UASLP y la empresaconstructora, sobre un terreno de 46,000 m² ubicado en Lomas Cuarta Sección. El proyecto “Centro Deportivo Santa Fe” fue aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo Universitario el 23 de noviembre de 2023. El acuerdo contemplaba beneficios tangibles para la comunidad universitaria y el compromiso de entregar la infraestructura sin costo al término del arrendamiento.

El 29 de noviembre de 2024, el rector expresó durante sesión del Consejo: “La arrendadora…está ofertando el terreno como plaza comercial, no como centro deportivo. Esto va completamente diverso al convenio y el contrato que se firmó por parte de nuestro Abogado General con esa empresa”, añadiendo que se evaluaría la posible cancelación del contrato por incumplimiento.

Posteriormente, en entrevista radiofónica, Zermeño Guerra insistió: “Ellos rentaron el espacio para instalaciones 100% deportivas y no para una plaza comercial donde se estableciera una tienda ancla como Liverpool. Eso para nada nos sirve.” Por su parte, la abogada general Urenda Queletzú Navarro Sánchez habría respaldado públicamente las dudas en torno al cumplimiento del contrato, sin ofrecer pruebas concretas ni convocar a diálogo formal con la empresa afectada.

Fabián Espinosa niega rotundamente las acusaciones. Asegura que ni él ni su empresa han promovido el cambio del uso de suelo ni mencionada tienda alguna, respetando en todo momento la cláusula de confidencialidad del contrato. Considera que las declaraciones del rector y de la abogada constituyen un intento doloso por desacreditar el proyecto, generando desconfianza entre socios e inversionistas.

Tras la controversia mediática, el empresario solicitó el mismo 3 de diciembre de 2024 una reunión formal con el rector para aclarar el malentendido. No recibió respuesta. “Es evidente que la desinformación fue fabricada desde la rectoría, sin sustento alguno y con fines ajenos al interés universitario”, señala Espinosa.

Ante estos hechos, el empresario solicita la intervención de las autoridades para investigar posibles delitos cometidos por los funcionarios universitarios.

Ha requerido expresamente que se inicien los procedimientos legales para deslindar responsabilidades, que se dé intervención a las autoridades fiscales competentes, y que se tengan por ofrecidos los datos de prueba descritos en la denuncia, así como sus anexos, los cuales respaldan su versión de los hechos y la legalidad del proyecto.

En la misma acusación, el representante de Distribuidora Vem, también demandó a Miguel Maya Romero, acusándolo de actuar como representante y asesor del rector Zermeño Guerra, en el intento de intervenir en la modificación de los acuerdos tomados con la UASLP mediante el contrato contraído.

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