A propuesta de la diputada Martha Aradillas, se aprueban reformas legales que endurecen penas
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad un decreto que reforma el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como feminicidio en grado de tentativa los ataques con ácido, sustancias químicas o fuego contra las mujeres, independientemente de si provocan o no daños visibles en la víctima. La propuesta fue presentada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas.
Con esta reforma, se establece que las agresiones con sustancias corrosivas, cáusticas, tóxicas o inflamables serán consideradas como tentativa de feminicidio, elevando la penalidad y visibilizando estas acciones como una forma grave de violencia de género. Asimismo, se incorporan dichas agresiones como razones de género dentro del tipo penal de feminicidio consumado.
El feminicidio en San Luis Potosí se sanciona con penas de 40 a 60 años de prisión, además de una sanción económica de entre cuatro mil y seis mil días de salario mínimo. La reforma busca enviar un mensaje contundente de cero tolerancia a este tipo de ataques y ampliar la protección legal para las mujeres.
Además, se incorporó el concepto de violencia ácida a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta forma de agresión se entiende como el acto de arrojar, derramar o poner en contacto directo con el cuerpo de una persona cualquier sustancia capaz de causar daños físicos severos, discapacidad o incluso la muerte.
En su exposición de motivos, la legisladora Aradillas mencionó el caso emblemático de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña atacada con ácido sulfúrico en 2019, hecho que dio origen a la llamada “Ley Malena” en varias entidades del país. A raíz de su lucha, distintas legislaturas han aprobado reformas similares para castigar este tipo de violencia extrema.
La diputada advirtió que los efectos de un ataque con ácido van más allá de lo físico: implican secuelas psicológicas profundas, daños médicos irreversibles y una exclusión social que afecta gravemente la vida de las sobrevivientes. Por ello, subrayó la urgencia de que las leyes reconozcan esta agresión como una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género.
