Consejeros del CNI acusan sabotaje a su asamblea regional y la imposición de funcionarios ajenos a los pueblos originarios.
Integrantes del Consejo Nacional Indígena en San Luis Potosí presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por el intento de bloquear su asamblea regional y tratar de impedir que logren acuerdos.
Los quejosos narraron que, el pasado 20 de abril realizaron su reunión regional de autoridades y representantes de los pueblos y comunidades tenek, náhuatl y xi ui, a la que acudieron más de 500 personas, entre ellas; comisariados ejidales y comunales. consejos de vigilancia, jueces auxiliares, delegados municipales, consejeros y representantes de por lo menos 11 municipios de innumerables comunidades indígenas tenek y náhuatl principalmente.
Detallaron que, con fundamento en los artículos 1°, 2°, 6°, 7°, 8° y 9° de la Constitución política de México, ocuparon la explanada de las instalaciones de la radio XEANT “La voz de las Huastecas”, dicha radioemisora que, se supone es para el servicio de las comunidades indígenas de la región huasteca, pero les bloquearon la corriente eléctrica y pretendían ocupar la explanada con vehículos, además un locutor sistemáticamente pretendió en sus intervenciones radiofónicas, desacreditar su reunión regional y con ello disminuir la asistencia, por eso se presentó la queja ante al CNDH.
Agregaron que, pese a estas circunstancias y sin un centavo de apoyo público lograron desarrollar la reunión regional pacíficamente, con una abundante concurrencia y representatividad indígena comunitaria.
Los consejeros indígenas informaron que, en la reunión regional abordaron la problemática que se vive con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) cuyos recursos deben ser manejados directamente por sus comunidades, cuyos trabajos se encuentran en la etapa de asambleas en la que, se supone tienen que concurrir representantes de la secretaria de Bienestar y del INPI.
Durante la asamblea, se denunció a través de diversas intervenciones de representantes y autoridades indígenas, actos de discriminación, exclusión y omisión, que personal adscrito a Bienestar está cometiendo en las asambleas comunitarias indígenas.
Se señaló que, no es correcto que Bienestar genere la convocatoria, presida las asambleas, haciendo a un lado a las autoridades tradicionales, ejidales y civiles, imponiendo un protocolo ajeno a la costumbre e interviniendo tendenciosamente para que la comunidad decida obras donde dejan abierta la puerta al oportunismo de empresas privadas en la realización de obras dados los requerimientos técnicos de las mismas, y sin explicar debidamente el “tijerazo” aplicado injustificadamente por Bienestar y que, de facto está disminuyendo el presupuesto comunitario, pues las comunidades no están recibiendo una información clara al respecto,.
También que, la Delegación del Bienestar está haciendo proselitismo político con este programa, cuestión que los propios lineamientos lo prohíben.
«Denunciamos que este conjunto de acciones vulnera la personalidad jurídica de la comunidad, su autonomía libre determinación, así como los usos y costumbres para celebrar una asamblea comunitaria. Con este comportamiento institucional que, a todas luces es violencia institucional hacia las comunidades indígenas pues atenta contra los derechos humanos e indígenas. Queda claro que Bienestar e INPI no están a la altura del reto de respetar la transferencia de recursos directos hacia la comunidad», reprueban.
De igual forma, se informó de las entrevistas y entrega de documentación ante el INPI y la Presidencia de la República sobre la imposición de Mario Godoy y dado a que dicha persona no ha destacado en defender los derechos indígenas y que él no es indígena, ni habla la lengua tenek, náhuatl o Xi ui del estado, como tampoco es oriundo de estas tierras y su conocimiento y experiencia no está actualizada, se puso a consideración de la reunión regional y En el pleno de la reunión regional se acordó que:
1. Las comunidades en su legítimo derecho sesionen y avancen en sus asambleas y sus trabajos, integrando la propuesta de comités de administración y vigilancia, para que cuando Bienestar e INPI concurran, se ratifique con su testimonio las decisiones de la asamblea, que cualquier acto que violente los usos y costumbres para realizar la asamblea comunitaria, se tome nota de los servidores públicos y se denuncie ante las instancias correspondientes.
2. Agotar las instancias legales para defender y exigir el respeto del presupuesto asignado inicialmente en el FAIS para comunidades indígenas y en caso de ser necesario se convoque a movilizarnos.
3. No se acepta la imposición del sr. Mario Godoy, como representante de la Oficina de Representación del INPI en San Luis Potosí. Se mantenga la exigencia, por todos los medios a nuestro alcance para que la persona sea la que cumpla los requisitos de: ser indígena, hable y escriba alguna de las lenguas tenek, náhuatl o Xi ui del estado, sea oriundo de estas tierras y su conocimiento y experiencia este actualizada destacando su defensa por nuestros derechos indígenas en el estado. No más usurpaciones de identidad en los cargos públicos y de representatividad.
4. Se convoque y realizar las reuniones municipales para informar a las autoridades comunitarias sobre el FAIS y capacitar a las personas sobre la defensa de los derechos indígenas.
