Por: El Diablo Cojuelo
COBRANZA– El sistema INTERAPAS continúa siendo fuente de inconformidades por su inequitativa política de cobros. Usuarios se quejan de recibir recibos inflados por servicios que simplemente no han recibido. La práctica de la «cuota fija» —en la que se encuentra casi la mitad de los usuarios— obliga a pagar lo mismo mes con mes, aunque el servicio esté ausente. En otros casos, con medidores instalados, los lecturistas no pasan a tomar lectura y el sistema promedia consumos basándose en el resto de la manzana. Esto penaliza a quienes hacen un uso responsable del agua. Mientras tanto, los reportes no tienen seguimiento y las quejas se acumulan en redes sociales y oficinas. ¿Hasta cuándo se permitirá este abuso sistemático contra los ciudadanos? La opacidad en el manejo de lecturas y la falta de un esquema justo y eficiente de cobro deben ser corregidos de inmediato si se pretende recuperar la confianza ciudadana.
CALIDAD– En colonias como Tercera Grande, Prados 1ra Sección, San Juan de Guadalupe e Himno Nacional, los vecinos denuncian la llegada de AGUA turbia a sus hogares. Imágenes circulan en redes sociales mostrando cubetas llenas de líquido contaminado, con partículas flotando. Aunque los reportes se han hecho en múltiples ocasiones, la respuesta de INTERAPAS ha sido evadir la responsabilidad; afirman que 2 de cada 10 reportes se deben al “mal estado” de los tinacos. El resto, simplemente, quedan sin respuesta. En plena crisis hídrica, la calidad del agua es una exigencia mínima. No se puede exigir el pago puntual de un servicio que llega contaminado o, peor aún, ni siquiera llega. ¿Qué hace el organismo para garantizar un suministro digno? ¿Cuáles son los planes de mantenimiento y limpieza de la red? La salud pública está en juego, y ante la omisión de las autoridades, las quejas vecinales seguirán aumentando.
DESPERDICIO– Está prohibido jugar con agua este Sábado de Gloria. En un contexto de escasez crítica, esta medida no sólo es lógica, sino absolutamente necesaria. Sin embargo, la contradicción aparece cuando se exige al ciudadano ahorrar agua, mientras que el sistema mismo —vía fugas, cobros injustos y mala distribución— pierde miles de litros diariamente. La prohibición de mojarse con cubetazos no resuelve el problema de fondo; la crisis estructural en la gestión del recurso. Se requiere mucho más que comunicados oficiales y amenazas de multas para lograr un cambio. Es momento de una campaña integral que promueva el uso responsable del agua, exija rendición de cuentas a las autoridades hídricas y fortalezca la cultura del cuidado desde las escuelas hasta las empresas. Celebrar la Semana Santa con responsabilidad también implica presionar por políticas públicas eficientes que resguarden el recurso más vital que tenemos.
SUSTO-La madrugada del jueves, hombres armados irrumpieron en el Bar “El Escalón”, ubicado en el Centro Histórico, despojando a clientes de sus pertenencias y llevándose el dinero de la venta del día. Pese a la gravedad del asalto, el alcalde Enrique Galindo minimizó el hecho asegurando que “hay saldo blanco” durante la Semana Santa. Resulta insultante para los comerciantes y ciudadanos que las autoridades nieguen la creciente inseguridad cuando los hechos son evidentes. “El Escalón” es uno de los bares más tradicionales y concurridos del primer cuadro de la ciudad, especialmente durante la popular “visita de los siete bares”. Minimizar estos delitos como simples “incidentes” invisibiliza la violencia que se vive cotidianamente en zonas turísticas. ¿Qué clase de mensaje envía esto a turistas y potosinos? La vigilancia es insuficiente y la negación sistemática de los hechos sólo incrementa la percepción de impunidad. Las autoridades deben dejar de hacerse las desentendidas.
INFANCIA– El diputado Cuauhtli Badillo propuso un punto de acuerdo para que las autoridades estatales y municipales diseñen una estrategia integral que atienda a niños, niñas y adolescentes que piden dinero en las calles. Esta situación, presente en semáforos, banquetas y plazas, ha sido normalizada por años sin que se implementen verdaderas soluciones. La mendicidad infantil no puede seguir siendo una estampa urbana más. Es urgente garantizarles acceso a programas sociales, educativos y de salud. Además, se debe investigar si estos menores son víctimas de redes de explotación. La protección institucional no puede ser un discurso hueco; debe ser una realidad. Los sistemas de protección deben trabajar en campo, no desde oficinas climatizadas. Esta iniciativa legislativa merece seguimiento y ejecución, no solo quedar como una propuesta más. Mientras tanto, miles de infancias siguen expuestas al abuso, a la indiferencia y al abandono sistemático de las autoridades.
PROMESAS– La violencia vicaria sigue sin tipificarse en San Luis Potosí, a pesar de que el Congreso ya había dictaminado su aprobación en la legislatura pasada. Con la entrada de la actual LXIV Legislatura, se decidió enviar los dictámenes nuevamente a comisiones, argumentando una “revisión adicional”. Esta decisión ha frenado el avance de una legislación necesaria para proteger a mujeres que sufren violencia a través de sus hijos o hijas. La omisión legislativa prolonga el sufrimiento de muchas víctimas que esperan respaldo institucional. Cada día de retraso representa una oportunidad perdida para hacer justicia. Los legisladores deben priorizar este tema en la agenda del Pleno y dejar de esconderse tras procedimientos burocráticos. Tipificar la violencia vicaria no es solo una cuestión de derechos humanos; es una deuda histórica que debe saldarse. Las mujeres potosinas no pueden esperar más a que sus agresores sean llamados por su nombre y castigados como corresponde.
SALUD – Este viernes, las Unidades Médicas del ISSSTE en San Luis Potosí permanecieron cerradas sin previo aviso, afectando a cientos de derechohabientes, muchos con citas confirmadas y necesidades médicas urgentes. La Unidad “Dr. Arturo Aguillón Luna”, en Burócratas, amaneció con candados en las puertas y ningún tipo de explicación. Pacientes crónicos y adultos mayores se quedaron sin consulta y sin medicinas, lo cual puede tener consecuencias graves. Un caso alarmante fue el de un abuelo diabético, cuyo medicamento cuesta casi dos mil pesos mensuales y ahora no podrá recibirlo a tiempo. ¿Cómo es posible que se cierre un servicio esencial sin mínimo un aviso? Esta negligencia demuestra una falta de empatía y responsabilidad institucional. El ISSSTE debe responder por estos actos de omisión. No se puede jugar con la salud de las personas, mucho menos con las de sectores vulnerables que dependen enteramente del servicio público para sobrevivir.
ALZA– Aunque ya no ocupan titulares como antes, los casos de COVID-19 e influenza siguen presentes en San Luis Potosí. Del 11 al 17 de abril se registraron 14 nuevos contagios de Covid y 11 de Influenza, según el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. En su mayoría, estos nuevos casos ocurrieron en la capital y en Soledad. Aunque los números parecen bajos, representan una advertencia: el virus no ha desaparecido. La relajación en el uso de cubrebocas, la falta de campañas de prevención y el olvido de protocolos en espacios públicos puede generar repuntes silenciosos. El regreso a clases, las vacaciones y la movilidad turística aumentan los riesgos. Las autoridades deben reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica y recordar a la ciudadanía que la pandemia aún deja rastros. No se trata de alarmar, sino de ser responsables. La salud colectiva requiere acciones constantes, no solo reacciones cuando ya es tarde.
