El máximo tribunal de EE.UU. ordena detener las expulsiones mientras evalúa si la administración Trump violó el debido proceso con base en una ley de 1798.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este sábado detener temporalmente la deportación de hombres venezolanos bajo custodia migratoria, impidiendo que la administración del presidente Donald Trump continúe con expulsiones inmediatas sin una revisión judicial. La medida fue adoptada tras una petición urgente de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denunció que algunos migrantes ya habían sido trasladados con destino incierto.
El máximo tribunal emitió la orden en una resolución sin firma, aunque los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron públicamente. La decisión ocurre luego de que la ACLU alertara que el Gobierno pretendía utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar deportaciones sumarias, sin garantizar el derecho a defensa ni la comparecencia ante un tribunal, como exige el precedente judicial.
Los migrantes afectados estarían señalados por el gobierno como presuntos miembros del Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano que la administración Trump ha calificado como organización terrorista. Según la ACLU, su expulsión implicaría el riesgo de ser encarcelados en condiciones extremas en países como El Salvador, donde ya habrían sido enviados otros detenidos en operativos previos.
El conflicto ha escalado judicialmente en distintos frentes. Mientras el juez federal James Boasberg reconoció su preocupación por las deportaciones, admitió no tener jurisdicción para impedirlas. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito también fue consultada sin resultado inmediato, lo que llevó a los abogados a solicitar acción directa del Supremo.
La Casa Blanca no emitió comentarios tras conocerse la decisión judicial. Sin embargo, la administración Trump insiste en que su poder ejecutivo le otorga amplias facultades en materia migratoria, incluso para aplicar leyes históricas en contextos actuales. Esta postura ha sido duramente cuestionada por sectores jurídicos y defensores de derechos humanos.
La Corte Suprema pidió al Gobierno presentar su posición en respuesta a la solicitud de la ACLU. Mientras tanto, las deportaciones quedan suspendidas hasta nueva orden. El caso plantea una posible confrontación constitucional entre el poder judicial y el Ejecutivo sobre los límites legales del control migratorio en Estados Unidos.
